La reforma contempla dos cambios principales. Por un lado, el valor de incidencia del suelo se actualizará mediante un nuevo índice que promediará la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y el dólar oficial vendedor del Banco Nación. Por otro, durante 2027 se computará únicamente el 70% del valor de incidencia del suelo para determinar el monto del tributo. En conjunto, las modificaciones implicarán una reducción del importe que deberán abonar los desarrolladores alcanzados por el régimen.
La iniciativa surgió de un diagnóstico de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, encabezada por Agustina Olivero, que identificó una desactualización del esquema establecido por la Ley 6.062. Hasta ahora, el valor del suelo se expresaba en pesos y se ajustaba por UVA. Sin embargo, en determinados períodos la inflación local superó la evolución del dólar, lo que encareció el tributo medido en la moneda utilizada habitualmente en las operaciones inmobiliarias.
Desde el Gobierno porteño explicaron que el propósito es facilitar la concreción de proyectos, mejorar las posibilidades de financiación y lograr que más desarrollos alcancen la etapa de escrituración. De esta manera, se busca ampliar la oferta de viviendas y generar nuevas oportunidades de empleo.
“Esta medida permitirá que más obras puedan avanzar, lo cual se traduce en más actividad para el sector, más empleo directo y un desarrollo urbano equilibrado”, afirmó Olivero.
La funcionaria aclaró que la reducción del tributo no modifica el principio que sustenta el mecanismo de plusvalía urbana. “Cuando la Ciudad autoriza la construcción de metros adicionales, se genera un valor que debe revertir a la Ciudad”, sostuvo. Según explicó, esa contraprestación debe traducirse en mejoras concretas para la comunidad, como espacios públicos, infraestructura, viviendas y equipamiento urbano, con beneficios verificables tanto para los vecinos como para los inversores.
En paralelo, la administración porteña avanza con medidas para simplificar los trámites vinculados con los desarrollos inmobiliarios y acortar los tiempos de aprobación. Actualmente, las solicitudes siguen un circuito definido y cuentan con seguimiento digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
El proceso de desburocratización contempla dos líneas de trabajo: fortalecer los regímenes de declaraciones juradas bajo responsabilidad profesional y automatizar gestiones que antes debían iniciarse mediante una solicitud específica. Entre estas últimas se encuentran los trazados de líneas de frente interno y troneras.
Desde la Secretaría señalaron que la combinación de una menor carga tributaria y procedimientos administrativos más ágiles apunta a ofrecer mayor previsibilidad al mercado inmobiliario y facilitar el avance de nuevas obras en la Ciudad.
