La medición busca determinar cuánto costaría desandar las reformas económicas y qué factores dificultarían una reversión significativa. En un contexto marcado por la discusión electoral y las expectativas sobre los comicios de 2027, el análisis plantea que actualmente existen más incentivos para mantener el esquema vigente que para modificarlo de manera profunda.
“No pensemos en un péndulo político en los extremos”, señaló la presidenta de la consultora responsable del indicador, al destacar que una parte importante de la economía se apoya en una matriz exportadora y en sectores con inversiones sostenidas a largo plazo. En esas actividades, las decisiones empresariales no dependen exclusivamente de los resultados de un año electoral.
La estimación no implica que los cambios sean irreversibles, sino que existen factores que encarecen una eventual vuelta atrás. “En la actualidad, el costo de revertirlo supera el incentivo para mantenerlo”, explicó la ejecutiva.
El indicador se actualiza trimestralmente y se construye a partir de cuatro dimensiones: estabilidad macroeconómica, institucionalidad y actividad legislativa, situación social y conflictividad sindical. Su punto de partida es diciembre de 2023 y el próximo informe está previsto para el 5 de noviembre, durante el 16° Foro Radar, bajo el lema “Detectar para decidir en un mundo sin reglas”.
En su última medición, correspondiente al tercer trimestre de 2026, el índice registró 42 puntos, frente a los 53 de fines de 2023. La caída preliminar del 22% estuvo impulsada principalmente por el componente macroeconómico, que pasó de 75 a 30 puntos. Entre los factores considerados se encuentran la desinflación, la reducción de la brecha cambiaria y el aumento de las reservas.
La metodología combina 22 series de datos cuantitativos provenientes de fuentes públicas y privadas, junto con variables vinculadas con la dimensión política. El objetivo es aportar referencias medibles a un debate que suele estar atravesado por interpretaciones y expectativas electorales.
Los acuerdos internacionales, los contratos y los compromisos de inversión también influyen en la posibilidad de modificar el rumbo económico. Cada compromiso asumido puede aumentar el costo de revertir decisiones anteriores, al tiempo que reduce el margen de acción de futuros gobiernos.
El sector energético es uno de los ejemplos de esta dinámica. A partir del Decreto 70/24, el país avanzó hacia un esquema más orientado a la exportación, acompañado por cambios regulatorios y mayores compromisos de inversión. Los contratos, las obras y los activos vinculados con ese proceso dificultan una reversión completa. Además, las provincias tienen intereses económicos que también pueden condicionar eventuales modificaciones.
A estos factores se suma la transformación del sistema de precios relativos, que obliga a las empresas a revisar sus modelos de negocio, sus escalas productivas, los mercados en los que participan y sus niveles de productividad. En ese escenario, el desafío consiste en anticiparse a los cambios y tomar decisiones antes de que las nuevas condiciones competitivas queden consolidadas.
“Tomar decisiones antes del posicionamiento otorga una ventaja”, sostuvo la presidenta de la consultora. La misma lógica atraviesa la convocatoria del Foro Radar 2026, centrada en interpretar las señales de cambio para actuar con anticipación.
La definición electoral de 2027 no debería ser el único factor que determine las estrategias empresariales. “Para muchas decisiones, no resulta inteligente esperar hasta octubre. Es necesario actuar antes”, advirtió la ejecutiva.
La discusión, por lo tanto, trasciende la posibilidad de que un futuro gobierno modifique la política económica. También plantea cuánto tiempo tienen las empresas para adaptar sus estructuras y prepararse para un escenario en el que las condiciones de competencia pueden cambiar de manera decisiva. “Lo que una empresa deja de hacer, otra empresa lo realiza”, concluyó.
