Los equipos técnicos del Ministerio de Economía y de los gobiernos provinciales trabajan en la definición de las condiciones y los valores de las operaciones. El principal punto de discusión es cuánto deberán reconocer las provincias por los desarrollos habitacionales que permanecen sin terminar.
La eventual transferencia no se concretaría mediante un pago directo en efectivo, sino a través de una compensación con otras deudas que el Gobierno nacional mantiene con las provincias.
Para las jurisdicciones, la posibilidad de incorporar estos proyectos permitiría avanzar con soluciones habitacionales y retomar obras paralizadas de acuerdo con sus necesidades y capacidades. Para el Estado nacional, el traspaso permitiría recuperar parte de los recursos invertidos en esos activos y reducir el costo de mantener proyectos que permanecen sin finalizar.
Al ser consultadas sobre el estado de las negociaciones por las obras inconclusas del Procrear, fuentes oficiales del Ministerio de Economía no confirmaron ni descartaron la existencia de acuerdos y señalaron los procesos de subastas públicas que se encuentran en marcha.
El traspaso de desarrollos habitacionales ya comenzó a concretarse en algunas jurisdicciones. En Chubut, por ejemplo, se alcanzó un acuerdo para finalizar con fondos provinciales el barrio Etchepare, en Trelew. Las primeras 68 viviendas, sobre un total de 204, tienen prevista su entrega para el 30 de octubre.
En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa mantuvo además una reunión con el ministro de Economía para avanzar en el Régimen de Obligaciones Recíprocas.
Desde diciembre de 2025, el Gobierno lleva adelante un proceso destinado a disponer de las obras y terrenos vinculados con el antiguo programa habitacional. A fines del año pasado comenzaron las subastas públicas de terrenos y desarrollos relacionados con el ex fideicomiso Procrear.
Las resoluciones 498/2025, 499/2025 y 500/2025, publicadas en el Boletín Oficial, establecieron la liquidación de activos inmobiliarios ubicados en distintas jurisdicciones. Según el Ministerio de Economía, el proceso forma parte de la disolución del fondo y busca ordenar los activos estatales y permitir que el sector privado continúe con aquellos desarrollos que el programa ya no llevará adelante.
El Gobierno también planteó como objetivos preservar los recursos invertidos, favorecer la finalización de los proyectos y garantizar transparencia durante las distintas etapas del proceso. Las nuevas subastas continuarán siendo comunicadas a través del Boletín Oficial.
Entre las localidades incluidas en los procesos de venta figuran, en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Evita, en La Matanza; Crucecita, Escobar, Florencio Varela, Junín, La Plata, Larralde, Lezama, Lincoln, Mercedes, Navarro, Piñeyro-Rivadavia, Quilmes, San Antonio de Areco, San Nicolás y Wilde. También se incluyen desarrollos en El Bolsón, Río Negro, y en la Ciudad de Buenos Aires, entre otras localidades de distintas provincias.
En paralelo con las negociaciones para transferir proyectos y compensar obligaciones entre el Estado nacional y las provincias, se conformó una Mesa de la Vivienda con participación de distintas jurisdicciones y representantes de sectores vinculados con la construcción y el financiamiento.
El espacio tiene como objetivo elaborar un plan de acción y un cronograma para reactivar la actividad de la construcción, impulsar el empleo y atender el déficit habitacional. Durante la reunión del 5 de agosto, uno de los principales puntos analizados fueron los proyectos del Procrear que permanecen paralizados.
En ese encuentro se planteó la posibilidad de generar mecanismos para poner en valor proyectos del programa que permanecen sin ejecución y que podrían ser retomados en plazos relativamente breves. La cantidad mencionada en el análisis asciende a unas 18.000 viviendas paralizadas.
La próxima reunión está prevista para el jueves 27 de agosto. Allí se analizará la posibilidad de que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aporte asistencia técnica a las provincias interesadas y se discutirán alternativas de financiamiento subnacional, con o sin garantía soberana, para programas habitacionales.
A estas medidas se suman las alternativas que el Ministerio de Economía evalúa para ampliar el financiamiento de largo plazo a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
El ministro Luis Caputo descartó que el FGS vaya a adquirir directamente las hipotecas de los particulares, una alternativa que había sido planteada desde el sector de la construcción para liberar recursos y favorecer nuevos préstamos.
Sin embargo, señaló que el Ministerio de Capital Humano, el FGS y los bancos analizan otras alternativas para ampliar el crédito hipotecario. Entre las opciones en estudio aparece la posibilidad de que el FGS licite plazos fijos de largo plazo, una modalidad con escasa presencia en el mercado argentino.
El objetivo es abordar el descalce entre los plazos de los créditos hipotecarios y los depósitos bancarios. Mientras las hipotecas se otorgan a varios años, los depósitos suelen concentrarse en períodos mucho más cortos, lo que limita la capacidad de los bancos para ofrecer financiamiento hipotecario de largo plazo.
La alternativa bajo análisis contempla que el FGS licite plazos fijos de distintas duraciones y que las entidades bancarias compitan mediante las tasas ofrecidas. Entre los ejemplos mencionados figuran tasas de UVA más 3% para plazos de dos años y de UVA más 4% para cinco años.
El plazo de cada colocación quedaría determinado en función de las condiciones recibidas. La propuesta busca facilitar el acceso de los bancos a fondos de mayor duración y, de esa manera, ampliar las posibilidades de financiamiento para la compra de viviendas.
