La cadena argentina de panaderías Pandanés atraviesa una nueva etapa judicial luego de que la Justicia rechazara su pedido de quiebra y habilitara un proceso para buscar interesados en adquirir la compañía. La empresa cerró sus 25 locales y desvinculó a unos 150 empleados, en medio de una crisis financiera que la llevó a solicitar su propia liquidación.
La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 15, a cargo del juez subrogante Pablo Frick, en el marco del concurso preventivo de la firma. El tribunal dispuso abrir un registro para que acreedores, una eventual cooperativa de trabajadores y terceros interesados puedan presentar propuestas para quedarse con el negocio.
La medida, dictada el 9 de octubre, se encuadra en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras y habilita el mecanismo conocido como cramdown o salvataje empresario. El procedimiento permite que un interesado formule una propuesta de acuerdo a los acreedores y, eventualmente, adquiera las participaciones societarias de la compañía para evitar su liquidación.
Según el edicto judicial, quienes quieran participar deberán inscribirse digitalmente en el expediente y acreditar un depósito de $200.000 destinado a cubrir los gastos de publicación de los avisos. El plazo será de cinco días, contados desde la publicación del último edicto en el Boletín Oficial. La apertura del registro no implica que exista un comprador confirmado ni garantiza que la actividad comercial pueda reanudarse.
Pandanés nació en 2016 con una propuesta centrada en la elaboración artesanal de pan con masa madre, sin conservantes ni aditivos. Su fundadora, la emprendedora danesa Lise Lundme Funch, comenzó el proyecto alquilando la cocina de un hostel para producir las primeras piezas, que luego distribuía en pequeños comercios de la Ciudad de Buenos Aires.
Con la incorporación de Klaus Riskaer Pedersen, cuya participación pasó posteriormente a la firma danesa Pan Danés, la marca logró posicionarse en el segmento de panadería gourmet. Hacia fines de 2021, ya contaba con ocho locales operativos.
Impulsada por la demanda de productos asociados con la alimentación saludable, la empresa apostó por ampliar su capacidad productiva. Para eso, trasladó la producción a una planta industrial de 1.778 metros cuadrados en el barrio porteño de Barracas, diseñada para abastecer hasta 50 sucursales propias.
Sin embargo, durante la segunda mitad de 2023 la situación comenzó a deteriorarse. En su presentación judicial, la compañía atribuyó la crisis a la caída del consumo, el aumento de los costos y una estructura que había quedado sobredimensionada frente a la disminución de las ventas.
El deterioro financiero quedó expuesto el 15 de octubre de 2025, cuando se registró el primer cheque rechazado, por $3,8 millones, emitido a favor del proveedor Lácteos Don Victorino. La dificultad para afrontar los compromisos bancarios derivó en una situación de cesación de pagos.
En noviembre de ese año, la gerencia solicitó la apertura del concurso preventivo de acreedores para reorganizar sus pasivos y buscar una alternativa que permitiera sostener el negocio. Según la documentación presentada ante la Justicia, el consumo de sus productos había caído más de un 50% respecto de sus volúmenes históricos, mientras que el pasivo total declarado ascendía a $1.218 millones.
Pese a los intentos por revertir el escenario, que incluyeron recortes de costos, renegociaciones de alquileres, cambios de proveedores y una reorganización operativa, la empresa no logró superar las dificultades. Finalmente, cerró sus 25 sucursales y pidió su propia quiebra.
En su presentación, la firma sostuvo que la combinación de esos factores provocó un deterioro progresivo de los márgenes y del flujo de fondos, hasta impedirle sostener una propuesta de acuerdo preventivo que pudiera cumplir y continuar afrontando sus obligaciones habituales.
Ahora, el proceso de salvataje abre una nueva posibilidad para la compañía. La búsqueda de interesados apunta a encontrar una salida que permita evitar la liquidación, aunque todavía no hay garantías sobre la continuidad del negocio ni sobre una eventual recuperación de los puestos de trabajo.
