La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA) cuestionaron las disposiciones municipales que afectan la circulación de camiones por la zona industrial y el corredor que conecta con el puerto de San Nicolás. Se trata de una vía clave para el traslado de materias primas y productos destinados al mercado interno y a la exportación.
El conflicto comenzó en septiembre, cuando el municipio estableció un peaje de entre $25.000 y $62.000 por viaje para los vehículos de carga que transitan por un tramo de cinco kilómetros del antiguo Camino Provincial 87, señalado por las entidades como la única vía habilitada para el tránsito pesado en ese sector. Según las organizaciones industriales, el cobro alcanza a más de 100 empresas y podría representar un costo anual de hasta $500 millones por compañía, dependiendo de su operatoria logística.
La controversia se profundizó el 19 de octubre, con la aprobación de una ordenanza que creó el Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado (SIGTP). El mecanismo establece la inscripción obligatoria de los transportistas y la realización de trámites y gestiones para operar dentro del distrito.
Las entidades empresariales cuestionan que el nuevo sistema incorpore exigencias administrativas similares a las del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), eliminado por el Gobierno nacional en 2024 en el marco de su política de desregulación del transporte de cargas. También manifestaron preocupación por las sanciones previstas, que pueden incluir multas, restricciones a la circulación y retención de vehículos.
Otro de los puntos objetados es la responsabilidad solidaria que podría alcanzar a las empresas que contratan los servicios de transporte por infracciones cometidas por los transportistas. Para UIPBA y ADIBA, esta disposición agrega incertidumbre a las operaciones y expone a las compañías a nuevas obligaciones administrativas y económicas.
El impacto sobre la logística es uno de los principales motivos de preocupación del sector. Las restricciones a la circulación podrían complicar el abastecimiento de materias primas y el traslado de mercaderías, especialmente para las empresas que dependen del corredor hacia el puerto de San Nicolás. Los industriales advierten que el incremento de los costos puede afectar la competitividad, la producción y las exportaciones.
A las exigencias del registro se suma el sistema de cobro del peaje, cuya gestión fue concesionada a una empresa privada que, según las críticas empresariales, recibiría el 50% de la recaudación. En el corredor también se instaló un pórtico de telepeaje, mientras que el municipio comenzó a contactar a transportistas por WhatsApp y otros canales para solicitar la tramitación del dispositivo TAG y completar la inscripción.
Desde las organizaciones industriales sostienen que el cobro funciona como una barrera económica para el traslado de productos y cuestionan que se impongan cargos por circular dentro de una jurisdicción municipal. En su evaluación, estas medidas forman parte del denominado “costo argentino”, al sumar gastos logísticos que no generan valor adicional para la producción.
El reclamo también apunta al riesgo de que otros municipios adopten sistemas similares. Las entidades advierten que la multiplicación de peajes, registros y permisos locales podría generar una superposición de requisitos a lo largo de los recorridos de carga, encareciendo el transporte entre distintas jurisdicciones. Por ese motivo, cuestionan la legalidad de las disposiciones y sostienen que podrían entrar en conflicto con las normas que regulan la circulación y el transporte de cargas.
Mientras continúa la disputa, el sector industrial reclama revisar las medidas para evitar que los nuevos costos y trámites se conviertan en un obstáculo adicional para las empresas, en un contexto en el que buscan reducir gastos y sostener su actividad.
