Durante el primer semestre del año, la provincia acumuló un déficit primario de $142.000 millones, el mismo monto que Tucumán. Santa Fe encabezó el listado, con un rojo de $710.000 millones, seguida por Santa Cruz, con $130.000 millones; Tierra del Fuego, con $108.000 millones, y Catamarca, con $18.000 millones. Los datos corresponden a la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.
En ese período, los ingresos bonaerenses sumaron $20,7 billones, con una caída real interanual del 1,6%. La merma se produjo en un contexto de menor actividad económica y reducción de los recursos provenientes del Estado nacional, especialmente de las transferencias corrientes y los fondos no automáticos.
Frente a ese panorama, la administración provincial redujo el gasto primario a $20,8 billones, un descenso real del 3,9% respecto del mismo período del año anterior. El principal recorte se registró en la obra pública, con una baja del 31,3%. También disminuyeron los gastos en servicios, un 24,5%, y las transferencias corrientes, un 3,3%. En contraste, la adquisición de bienes de consumo aumentó un 52,5%.
Aunque el déficit primario se redujo un 78% interanual, el resultado financiero continuó en terreno negativo por el peso de los intereses de la deuda. Estos alcanzaron los $774.000 millones, un incremento del 41,7%, y llevaron el déficit financiero a $917.000 millones, un 23,5% menos que en el mismo período del año previo.
Desde el Gobierno bonaerense sostienen que la provincia está realizando un esfuerzo para mejorar sus cuentas, pese a la debilidad de los ingresos tributarios y a la reducción de las transferencias no automáticas dispuestas por la administración nacional, que califican de ilegal. La discusión se enmarca en las diferencias entre el presidente Javier Milei, que reclama equilibrio fiscal y una reducción del gasto en las provincias, y Kicillof, quien denuncia una fuerte asfixia financiera desde el cambio de gobierno nacional.
El endeudamiento representa otro de los desafíos para la provincia. A fines de junio, el stock de deuda alcanzó los US$12.100 millones, unos US$353 millones más que en el mismo período del año anterior, lo que implica un aumento interanual del 3%. Cerca del 80% de los compromisos están denominados en dólares y euros, mientras que el resto corresponde a obligaciones en pesos o ajustadas por inflación.
El calendario financiero también concentra vencimientos importantes para 2027, por un total de US$2.068 millones. De ese monto, US$860 millones corresponden a pagos a bonistas internacionales previstos para marzo y septiembre, mientras que otros US$240 millones están vinculados con préstamos de organismos multilaterales.
Durante una visita a Nueva York en septiembre, Kicillof planteó ante inversores que la provincia había logrado equilibrar sus cuentas fiscales y manifestó su interés en refinanciar los compromisos con los bonistas para evitar desembolsos en efectivo. Sin embargo, el encarecimiento del financiamiento dificulta esa estrategia. El riesgo país, que aumentó desde julio, cerró el martes en 672 puntos, un nivel que vuelve más costoso el acceso a los mercados internacionales.
A las dificultades financieras se suman los obstáculos políticos e institucionales para conseguir nuevas autorizaciones de endeudamiento. Sin mayoría propia en la Legislatura bonaerense, el gobernador necesita acuerdos con La Cámpora y Sergio Massa para avanzar con operaciones en el exterior. También requiere el aval del Ministerio de Economía nacional, encabezado por Luis Caputo, cuya intervención Kicillof cuestiona por considerar que dificulta los trámites para tomar deuda en moneda extranjera.
Ante ese escenario, la provincia podría repetir una estrategia similar a la utilizada en 2024 para afrontar sus obligaciones: comprar divisas en cuotas con recursos propios, en un esquema apoyado en el ajuste del gasto y el aumento de impuestos, además de recurrir a nueva deuda en pesos con autorización nacional. Desde la administración bonaerense indicaron que el programa financiero del próximo año contempla cancelar los servicios de los bonos sin acudir al mercado internacional de capitales, salvo que las condiciones mejoren de manera significativa.
La situación fiscal se desarrolla en paralelo con una contracción de la actividad económica. La provincia, que concentra el 38% de la población argentina y cerca de un tercio del producto bruto interno nacional, habría ingresado en recesión técnica tras registrar dos trimestres consecutivos de caída. En septiembre, la actividad descendió un 1,2% mensual y un 0,9% interanual, de acuerdo con un indicador adelantado elaborado por el Banco Provincia. El nivel de actividad quedó así un 2,9% por debajo del registrado en diciembre de 2025.
En el mercado laboral, el desempleo en el Gran Buenos Aires llegó al 8,8% durante el segundo trimestre, uno de los registros más elevados del país. La cifra se ubicó en niveles similares a los de Ushuaia-Río Grande, también con un 8,8%, y por debajo de Mar del Plata, con un 9,9%; Gran Córdoba, con un 10,5%, y Gran Rosario, con un 11,5%.
El deterioro de los indicadores sociales también se refleja en la pobreza. Durante el primer semestre, el índice alcanzó el 36,9% en el Gran Buenos Aires, por encima del promedio nacional del 32,3%. La cifra representa a unas 4.888.000 personas y equivale aproximadamente a la mitad de los 9.729.000 habitantes en situación de pobreza contabilizados en los 31 aglomerados urbanos relevados.
