El Congreso estadounidense, que pasará a tener mayoría demócrata, no tiene intervención directa en la decisión que debe tomar la Corte sobre el pedido de revisión del fallo que anuló la condena de US$16.100 millones contra la Argentina. Sin embargo, el contexto político podría influir en los tiempos procesales y en la postura del Poder Ejecutivo.
“Formalmente la respuesta sería no”, sostuvo el abogado Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro durante la gestión de Mauricio Macri y responsable de la defensa argentina al comienzo del juicio. No obstante, advirtió que las elecciones pueden tener impacto en determinadas causas, especialmente cuando llegan a la Corte Suprema. Según su interpretación, el fallo favorable a la Argentina estaba vinculado a una administración estadounidense alineada con el Gobierno de Milei, pero el reciente revés electoral y la imposibilidad de reelección de Trump podrían modificar ese escenario. “Lo que hasta acá había sido un viento a favor, puede jugar en contra”, señaló.
Una preocupación similar planteó Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors, quien puso en duda que la relación con la Argentina continúe entre las prioridades inmediatas de Washington. “Trump va a tener otras prioridades ahora muy inmediatas e internas dentro de su propio partido y su propio país”, afirmó.
La discusión también tiene una dimensión dentro del propio Partido Republicano. El 30 de octubre, 15 estados —todos con fiscales generales republicanos, salvo uno independiente— presentaron un escrito de amigos del tribunal para solicitar que la Corte Suprema tome el caso. Días más tarde, el senador republicano por Misuri Eric Schmitt presentó otro documento con el mismo objetivo. Hasta el momento, se presentaron nueve escritos para impulsar la intervención del máximo tribunal.
En ese contexto, surge el interrogante sobre si Trump mantendrá una posición favorable a la Argentina frente a las demandas de sectores de su propio espacio político. Sin embargo, no todos los especialistas consideran que el resultado electoral vaya a modificar el expediente.
“No veo la elección como algo que vaya a influir”, afirmó Sebastián Soler, exsubprocurador del Tesoro durante la presidencia de Alberto Fernández. Otro abogado que participó en la causa y prefirió mantener su identidad en reserva coincidió en que el respaldo judicial de Estados Unidos depende de la administración y no del Congreso.
La atención está puesta ahora en el procurador general de Estados Unidos, conocido como Solicitor General, encargado de representar al Gobierno ante la Corte Suprema. Se trata de un cargo dependiente del Poder Ejecutivo, por lo que su posición responde a la administración de turno. Soler explicó que, cuando está involucrado un Estado soberano, el tribunal suele pedir la opinión del Gobierno estadounidense antes de resolver.
Maril estima que esa consulta podría producirse antes de fin de año y que la respuesta se presentaría entre enero y febrero. También advirtió que el procurador general no actúa de manera independiente de la Casa Blanca: “El Solicitor General no produce nada que la Casa Blanca no haya aprobado”. En esa línea, consideró que, si el Gobierno encuentra una manera de respaldar a la Argentina, lo hará.
El cargo está actualmente en manos de John Sauer, quien anteriormente fue procurador general de Misuri, cuando Schmitt se desempeñaba como fiscal general de ese estado. Al momento de su nominación por parte de Trump, el senador había recordado esa relación: “John Sauer era mi Solicitor General”. De este modo, quien hoy representa a la Casa Blanca ante la Corte trabajó anteriormente con uno de los dirigentes republicanos que presentó un escrito para que el máximo tribunal intervenga contra la Argentina.
Hasta ahora, Estados Unidos respaldó a la Argentina en cuestiones vinculadas con la inmunidad soberana, aunque no se pronunció sobre el fondo de la disputa. En noviembre de 2024, durante la presidencia de Joe Biden, el Departamento de Justicia intervino contra el pedido de Burford de quedarse con el 51% de YPF. En julio de 2025, ya con Trump en la Casa Blanca, también cuestionó la orden de la jueza Loretta Preska que habilitaba esa posibilidad, con el argumento de la inmunidad soberana.
Existe, sin embargo, un antecedente que introduce cautela. En 2019, durante la primera presidencia de Trump y en un contexto de estrecha relación con Mauricio Macri, a quien el mandatario estadounidense llamaba su “amigo”, la Corte Suprema solicitó la opinión del Gobierno de Estados Unidos. El entonces procurador general, Noel Francisco, recomendó rechazar el pedido argentino en el debate sobre si el litigio debía tramitarse en ese país.
“Que la relación que hay entre Argentina y Estados Unidos, Trump presidente, no es garantía de que en la Corte Suprema nos vaya a apoyar”, recordó Maril.
Mientras se define el escenario político, el proceso judicial continúa. La jueza Loretta Preska anuló la condena y cerró el caso en primera instancia, y Burford solicitó a la Corte Suprema que revise la decisión del Segundo Circuito. La Argentina prepara su respuesta, cuyo plazo vence el 2 de diciembre, y trabaja en la presentación de escritos de apoyo de otros países.
Los próximos pasos dependerán de la decisión del máximo tribunal. Si rechaza el caso sin consultar al Gobierno estadounidense, el litigio podría concluir en ese país entre febrero y marzo de 2027. Si solicita una opinión a la Casa Blanca, la resolución podría demorarse hasta fines de ese año. En cambio, si acepta revisar el expediente, una decisión definitiva podría postergarse hasta 2028 o 2029, según las estimaciones de abogados que siguen la causa.
El propio Burford reconoció que las posibilidades de obtener un fallo favorable en Estados Unidos son “bajas en términos estadísticos”. De todos modos, la disputa no se limita a ese proceso: el fondo ya abrió un segundo frente judicial ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
