La organización gremial considera que las quitas en los haberes son ilegales e injustificadas y sostiene que continúan a pesar de resoluciones judiciales que, según su interpretación, respaldan el reclamo de los trabajadores.
A través de un comunicado, los representantes sindicales advirtieron que podrían avanzar con nuevas acciones si la empresa no reintegra el dinero descontado. También rechazaron los cuestionamientos vinculados con presuntos incumplimientos de las jornadas laborales y señalaron que el salario no puede utilizarse como mecanismo de sanción mediante la quita de haberes.
Desde Emova, en cambio, defendieron la liquidación de los sueldos y afirmaron que los descuentos se aplicaron exclusivamente sobre los días en los que, de acuerdo con los registros de asistencia, determinados empleados no prestaron servicios.
La concesionaria indicó que el reclamo alcanza a 19 trabajadores, una cifra inferior al 0,5% de los aproximadamente 4.700 empleados que integran la dotación del subte. También sostuvo que está dispuesta a revisar situaciones particulares que requieran una evaluación adicional.
En relación con el conflicto judicial, la empresa negó que existan fallos favorables a la posición sindical y aseguró que las presentaciones realizadas hasta el momento recibieron resoluciones desfavorables.
La disputa tuvo uno de sus episodios más tensos el 20 de octubre, cuando una protesta en la estación Juan Manuel de Rosas, de la línea B, terminó con la detención de dirigentes gremiales y la interrupción del servicio en las seis líneas y el Premetro durante seis horas.
El conflicto se había iniciado cuando un trabajador abrió una puerta de emergencia para permitir el ingreso gratuito de pasajeros. Después de una denuncia, la Justicia ordenó interrumpir esa modalidad y dispuso la detención del empleado por desobediencia. Otros representantes sindicales intervinieron durante el procedimiento y también quedaron alcanzados por las actuaciones judiciales.
Las detenciones provocaron una reacción inmediata del gremio, que dispuso la paralización total del servicio. Desde entonces, las diferencias entre los trabajadores y la concesionaria se profundizaron, con reclamos por los descuentos salariales y cuestionamientos sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales.
El Gobierno de la Ciudad respaldó el procedimiento policial y criticó la interrupción del transporte público. El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, cuestionó que una protesta de un grupo reducido de trabajadores afectara a unos 500.000 usuarios.
Por su parte, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, también defendió las detenciones y sostuvo que no permitirá acciones que impidan el funcionamiento de un servicio esencial.
Con la nueva liberación de molinetes prevista para este miércoles, el conflicto vuelve a generar incertidumbre sobre el funcionamiento del subte. La continuidad de las protestas dependerá de las negociaciones entre las partes y de una eventual respuesta de la empresa al reclamo por los salarios descontados.
