La denuncia había sido presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien cuestionó la actuación de funcionarios del Gobierno nacional. Tras conocerse el pedido de desestimación, la legisladora afirmó que existieron presiones sobre la Justicia y anticipó que también llevó el caso a los tribunales federales de Brasil.
“Desde el Gobierno nacional están apretando a la Justicia y a los funcionarios de Misiones para que no salgan a la luz las pruebas (fotos y videos) que involucran a funcionarios del Ejecutivo apoyando la fuga de Bolsonaro. Por eso, como imaginé que esto iba a pasar les aviso algo: la denuncia también la radiqué en los tribunales federales de Brasil”, sostuvo.
En paralelo, en los tribunales federales de Buenos Aires continúa otra investigación sobre el episodio. La jueza María Eugenia Capuchetti solicitó al Gobierno que informe si Bolsonaro tenía algún impedimento para ingresar a la Argentina y ordenó preservar las grabaciones de los controles migratorios del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú.
La magistrada intervino a partir de un pedido de la fiscal Paloma Ochoa, quien solicitó diez medidas de prueba en el marco de una investigación preliminar. Antes de impulsar formalmente la acción penal, la fiscal busca reunir información sobre el ingreso y la salida del dirigente brasileño. Como todavía no existe un requerimiento fiscal, la definición de Ochoa será determinante para establecer si se abre una causa en ese fuero.
Por el momento, Capuchetti hizo lugar a algunas de las medidas solicitadas. Además de requerir información a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería sobre posibles restricciones para el ingreso de Bolsonaro, pidió conocer el estado de la investigación abierta en la Justicia Federal de Puerto Iguazú, donde Martínez solicitó ahora desestimar la denuncia.
Ochoa también había solicitado las imágenes de las cámaras del puente Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú, el plan de vuelo del avión privado, la nómina de pasajeros y la identificación del personal de Migraciones que intervino en el ingreso. Aunque esas medidas podrían quedar para una etapa posterior, la jueza ordenó preservar los registros audiovisuales para evitar que se pierdan elementos que permitan reconstruir el recorrido y los controles realizados.
La investigación en Buenos Aires se inició a partir de una denuncia de Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios de su administración. La presentación los acusa de presunto encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos.
A ese expediente se sumó otra denuncia, presentada por el diputado Esteban Paulón, por presunto encubrimiento agravado contra Milei, el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo. La presentación quedó radicada en el juzgado de Sebastián Ramos y se espera que pueda incorporarse a la investigación que lleva adelante Capuchetti.
Según la información de Migraciones, Bolsonaro ingresó a la Argentina a las 22.50 del 27 de octubre por el puente internacional que conecta Foz de Iguazú con Puerto Iguazú. Viajaba acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas. Menos de dos horas después, a las 0.21 del 28 de octubre, despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú un avión Gulfstream de la empresa Baires Fly, que llevaba 24 horas en la pista.
La aeronave realizó una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, y luego continuó hacia el aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, en Miami. De acuerdo con el manifiesto de vuelo, Bolsonaro utilizó un pasaporte italiano para viajar.
El dato generó cuestionamientos porque, en Brasil, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le había prohibido salir del país y ordenado que entregara sus pasaportes. El exsenador enfrenta investigaciones por presunto lavado de dinero y evasión de divisas vinculados con plataformas de apuestas, además de otra pesquisa por el supuesto desvío de fondos del banquero Daniel Vorcaro.
Migraciones confirmó que Bolsonaro cruzó la frontera y sostuvo que tenía la documentación en regla, que no existían impedimentos legales para su ingreso y que tampoco había un pedido de captura vigente. Desde la Casa Rosada afirmaron que se cumplieron todos los procedimientos y que la restricción dictada por la Justicia brasileña no afectaba los controles migratorios argentinos.
Otro episodio que forma parte de las controversias ocurrió unas dos horas y media después del despegue del avión. A las 2.50, la Policía de Misiones detuvo sobre la ruta 12 una caravana que regresaba de Puerto Iguazú. Según el acta de la Unidad Regional IV, en una camioneta Toyota Hiace con patente diplomática de la Entidad Binacional Yacyretá viajaba Santiago Caputo.
El asesor presidencial se identificó ante los efectivos como “consultor político” y asesor de Milei, y pidió que no lo demoraran para evitar retrasar su regreso. Delante de ese vehículo circulaba una Ford Ranger conducida por Jorge Omar Waisman, jefe de Seguridad de Yacyretá y amigo de Caputo.
Consultado sobre el operativo, Caputo negó haber estado en el control policial. “De ninguna manera, no sé de qué estás hablando”, respondió. Cuando le pidieron más detalles sobre el episodio, agregó: “Misterio”.
Con el pedido de desestimación presentado en Misiones y las medidas de preservación de pruebas ordenadas en Buenos Aires, la investigación sobre el ingreso y la salida de Bolsonaro continúa abierta en distintos ámbitos judiciales. La eventual intervención de la fiscalía porteña será clave para determinar si se impulsa una acción penal y si corresponde avanzar con nuevas medidas para reconstruir lo ocurrido.
