El bloque oficialista y sus aliados buscan reunir las firmas necesarias antes del 5 de noviembre para intentar llevar el proyecto al recinto. En ese proceso, no descartan incorporar artículos de la iniciativa presentada por el senador Jorge Capitanich, que propone un régimen especial y transitorio para fortalecer el cabotaje nacional y la Marina Mercante Argentina.
El debate expuso diferencias entre el Gobierno, los representantes empresariales y los sindicatos del sector marítimo y fluvial. Mientras el Ejecutivo sostiene que la apertura permitirá reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales, los sectores críticos advierten sobre sus posibles consecuencias para los trabajadores y la flota nacional.
La iniciativa principal, presentada por Carolina Moisés y otros senadores, crea un Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria, y habilita a empresas de cualquier bandera a participar del transporte de mercancías entre puertos argentinos. El proyecto forma parte de la agenda de desregulación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger desde el comienzo de la gestión.
Desde el Gobierno argumentan que una mayor competencia permitiría aprovechar mejor la infraestructura portuaria del norte del país y reducir la dependencia del transporte terrestre, especialmente en regiones donde una parte importante de la producción se traslada en camión.
Alejandro Cacace, secretario de Desregulación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, defendió la propuesta durante el plenario y afirmó que busca «federalizar la producción». Según explicó, el objetivo es optimizar la logística y disminuir los costos asociados al traslado de mercaderías por rutas.
De acuerdo con los cálculos presentados por el funcionario, el transporte por vías navegables podría reducir entre un 50% y un 70% el costo total de traslado en algunas actividades. Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, también respaldó la reforma y comparó los costos del transporte de granos en camión con los de la hidrovía.
Sin embargo, las estimaciones oficiales fueron cuestionadas por representantes del sector del cabotaje, que las calificaron como cálculos especulativos sin una base real. Las diferencias también alcanzan al régimen impositivo y a las condiciones bajo las cuales podrían operar las embarcaciones extranjeras.
José Pablo Elverdin, de la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), sostuvo que los problemas de competitividad de la Marina Mercante no responden exclusivamente a las normas que regulan el cabotaje. Según afirmó, las principales desventajas frente a otros países de la región están relacionadas con la carga impositiva y social y con la estabilidad económica.
El empresario señaló que los armadores paraguayos afrontan una carga impositiva del 10%, frente al 35% en Argentina, mientras que la iniciativa oficial propone reducirla al 25%. «Las condiciones no están dadas», afirmó. También puso en duda que la reforma, por sí sola, permita recuperar la actividad de las barcazas en el país. La entidad presentó una propuesta de modificaciones a los proyectos analizados por los senadores.
Los sindicatos, por su parte, advirtieron sobre el impacto laboral que podría tener la apertura. Jorge Tiravassi, representante de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF), cuestionó especialmente el esquema previsto para la participación de embarcaciones extranjeras y alertó sobre las consecuencias para los trabajadores argentinos.
«Para nosotros este es un tema muy sensible», sostuvo Tiravassi. Según señaló, una parte importante de los trabajadores marítimos de Corrientes podría verse afectada por el nuevo régimen. Las objeciones sindicales constituyen uno de los puntos que el oficialismo deberá resolver para reunir las firmas necesarias y avanzar con el dictamen.
En este escenario, la iniciativa de Capitanich aparece como una posible vía para acercar posiciones. El senador chaqueño propone crear el Régimen Especial Temporal para el Fortalecimiento del Cabotaje Nacional y de la Marina Mercante Argentina (RETCAN), con un enfoque diferente de la apertura general planteada por el Ejecutivo.
Durante el plenario, el perito naval y marino mercante Fernando Morales respaldó esa alternativa y consideró que podría funcionar como una transición para corregir los problemas actuales sin abandonar el objetivo de recuperar una flota nacional. «Nos da la posibilidad de corregir los errores y darles a los gobernadores y a los productores lo que pretenden, y trabajar seriamente en recuperar la Marina Mercante», sostuvo.
La discusión también sumó una dimensión estratégica vinculada con la pérdida de una flota mercante nacional y sus consecuencias para la capacidad argentina de operar en el Atlántico Sur. La eventual incorporación de artículos del proyecto de Capitanich es uno de los puntos que se negocian para destrabar el dictamen. Sectores cercanos al bloque misionero señalaron que el objetivo es reunir las firmas antes del 5 de noviembre, aunque el texto podría modificarse durante ese proceso.
La propuesta oficial establece que el transporte de cabotaje podrá ser realizado por buques de bandera argentina, embarcaciones con tratamiento de bandera argentina y naves extranjeras. Al mismo tiempo, reserva para los buques nacionales determinadas actividades consideradas estratégicas, entre ellas la pesca, el transporte de combustibles, el remolque de maniobra, las lanchas de amarre, la navegación deportiva y las lanchas de prácticos.
El proyecto también dispone que los buques extranjeros deberán informar previamente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) sobre su ingreso y el período durante el cual operarán en el cabotaje nacional. En materia laboral, establece que las condiciones y obligaciones de las tripulaciones se regirán por las leyes del país de abanderamiento, con el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como estándar mínimo.
Además, contempla beneficios impositivos para los armadores nacionales, entre ellos una alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% para quienes realicen actividades de cabotaje de manera habitual y un régimen de amortización acelerada para las inversiones vinculadas con el sector. También propone modificar el régimen de admisión temporaria de los contenedores utilizados en el comercio exterior.
Con las diferencias todavía abiertas, el futuro de la iniciativa dependerá de las negociaciones entre el oficialismo, sus aliados y los sectores involucrados. La meta es avanzar antes del 5 de noviembre, pero el Gobierno deberá conseguir los respaldos necesarios para destrabar el dictamen y definir qué modificaciones se incorporarán al texto antes de su eventual tratamiento en el recinto.
