La obligación comprende a los empleados de todos los niveles y jerarquías, además de quienes se desempeñan en la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia, la Fiscalía de Estado, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
La formación estará a cargo de la Escuela Provincial de Derechos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El programa abordará los principios fundamentales de la materia, los sistemas de protección nacionales e internacionales, la promoción de prácticas respetuosas de estos derechos en la función pública, la situación de grupos específicos, la Memoria, la Verdad y la Justicia, los derechos de los pueblos indígenas y el control de convencionalidad.
La normativa también dispone la creación de una Comisión de Consulta, Evaluación y Monitoreo, que contará con participación de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional. En conjunto con organismos, sindicatos y organizaciones de derechos humanos, el espacio deberá elaborar guías para implementar las capacitaciones, con pautas metodológicas y definiciones sobre su frecuencia y sus contenidos.
Cada organismo tendrá que garantizar que sus trabajadores cumplan con la formación, bajo la responsabilidad de sus máximas autoridades y la supervisión de la autoridad competente. Además, se elaborará un informe anual sobre la aplicación de la ley, que incluirá un listado de las principales autoridades provinciales que hayan completado el curso. Quienes se nieguen a realizarlo sin una justificación válida podrán recibir las sanciones previstas en la Ley de Empleo Público.
Los costos de implementación serán afrontados con los presupuestos de cada organismo. A su vez, la ley invita a los municipios bonaerenses a adherir a la iniciativa mediante sus respectivos concejos deliberantes.
El proyecto fue impulsado en la Legislatura provincial y obtuvo primero media sanción en el Senado, a mediados de septiembre, antes de recibir la aprobación definitiva de la Cámara de Diputados dos semanas más tarde. Durante el debate, se sostuvo que el reconocimiento y la protección de los Derechos Humanos requieren una participación activa del Estado, así como información y capacitación sobre políticas públicas basadas en las normas nacionales e internacionales. También se destacó la relación entre el fortalecimiento democrático y el legado de los organismos de derechos humanos en el camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
