La controversia se desarrolla mientras el Gobierno argentino busca ejercer presión sobre el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, particularmente por el proyecto Sea Lion. Aunque los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast mantienen afinidades políticas, las diferencias en torno a la cuestión Malvinas comenzaron a trasladarse al ámbito legislativo y a las relaciones diplomáticas.
En Chile, la Cámara de Diputados aprobó siete resoluciones durante una sesión especial realizada el 6 de octubre. Las iniciativas instan al Ejecutivo a adoptar una posición más firme en defensa de los intereses nacionales y plantean medidas vinculadas con la soberanía, la defensa y la presencia estratégica en la región austral.
Uno de los principales puntos de conflicto es el Decreto 457/2021, dictado por el Gobierno argentino, que estableció al Estrecho de Magallanes y al Paso Drake como espacios compartidos para tareas de exploración y supervisión. En Chile, esa disposición es cuestionada por considerarla contraria a sus intereses soberanos.
Entre los planteos aprobados figuran la derogación de ese decreto, el reequipamiento de la Fuerza Aérea de Chile en la zona austral y la elaboración de una política de defensa fronteriza con horizonte en 2040. También se propusieron medidas para revertir recortes presupuestarios que afectan a la región de Magallanes.
Otra de las iniciativas, impulsada por legisladores socialistas, propone avanzar en gestiones diplomáticas para anular también el Decreto 256/2010 y elaborar una estrategia de Estado para la región austral y antártica. El plan contempla el Estrecho de Magallanes, el Campo de Hielo Sur, la plataforma continental y los derechos antárticos chilenos. La propuesta obtuvo 66 votos afirmativos, cuatro negativos y 26 abstenciones.
Las resoluciones tuvieron distintos niveles de respaldo. La que reafirma la vigencia de los tratados limítrofes reunió 100 votos a favor y una abstención, mientras que otra, centrada en priorizar los intereses nacionales chilenos por encima de la cercanía política con Argentina, obtuvo 60 votos positivos, 31 negativos y nueve abstenciones.
Pese a su alcance político, las resoluciones no son vinculantes. Su aprobación representa una presión parlamentaria sobre el Gobierno de Kast para que defina medidas concretas frente a las diferencias con la Argentina.
Desde el Ejecutivo chileno, el ministro de Economía y Minería sostuvo que el comercio de empresas nacionales con las Malvinas debe ser considerado una actividad legítima si resulta posible realizarlo. Según su planteo, se trata de un negocio privado y el Estado debe garantizar condiciones de seguridad y reglas claras, en línea con lo que ocurre con otras actividades comerciales en zonas limítrofes.
Por su parte, el ministro de Defensa de Chile descartó los rumores sobre una posible interceptación del Danstar por parte de la Armada argentina y sobre una eventual escolta militar del buque. El funcionario sostuvo que la navegación fuera del Estrecho de Magallanes no puede ser restringida ni condicionada por actores externos. Hasta el momento, no existe un anuncio oficial de Buenos Aires sobre posibles medidas contra la embarcación.
En la Argentina, la controversia también derivó en una iniciativa legislativa con consecuencias económicas. El diputado nacional Guillermo Michel presentó un proyecto de ley que propone retirar beneficios fiscales a empresas chilenas que operan en el país, como respuesta a la posibilidad de que Chile facilite actividades comerciales vinculadas con las islas.
La propuesta plantea que el Poder Ejecutivo denuncie dos acuerdos bilaterales: el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio para Eliminar la Doble Imposición en Relación con los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio.
Actualmente, esos instrumentos establecen beneficios para compañías chilenas que generan rentas en territorio argentino, entre ellos límites a las retenciones aplicadas sobre dividendos, intereses y regalías. Si los acuerdos fueran denunciados, esas ventajas dejarían de regir.
El legislador aclaró que su iniciativa no busca romper las relaciones diplomáticas entre ambos países, sino trasladar la disputa por la soberanía al terreno económico. En ese marco, sostuvo que el apoyo logístico chileno a las Malvinas excede las exportaciones comerciales e incluye conexiones aéreas y la posible incorporación de una nueva ruta marítima.
La propuesta provocó un rechazo inmediato entre parlamentarios chilenos vinculados al oficialismo. Legisladores de ese sector reclamaron una respuesta diplomática firme y cuestionaron las consecuencias que tendría la eliminación de beneficios fiscales para las empresas de su país.
Desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento chileno calificaron la iniciativa como irresponsable y solicitaron que se aclare si representa la posición oficial del Gobierno argentino o si se trata exclusivamente de una propuesta parlamentaria. A su vez, integrantes de la Comisión de Defensa Nacional advirtieron que la medida podría afectar el libre comercio y la seguridad jurídica de los acuerdos bilaterales. Otros legisladores la describieron como una forma de presión económica y reclamaron una protesta diplomática formal.
En paralelo, un grupo de senadores y diputados argentinos presentó el 29 de septiembre una carta dirigida a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El documento solicita que esos países impidan que sus puertos, aeropuertos e infraestructuras sean utilizados para respaldar actividades de empresas involucradas en la exploración y explotación de recursos naturales en las Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, en particular aquellas vinculadas con el proyecto Sea Lion.
La presentación invoca las resoluciones 2065 y 31/49 de las Naciones Unidas. La primera reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, mientras que la segunda insta a las partes a evitar modificaciones unilaterales durante el proceso de negociación promovido por el organismo internacional.
Los legisladores argumentaron que los países de la región cuentan con una posición geográfica y una infraestructura que podrían resultar determinantes para limitar el respaldo logístico a las compañías que operan en el archipiélago. El documento sostiene que ningún país latinoamericano debería convertirse en una plataforma para actividades económicas que contribuyan a consolidar una situación colonial.
Desde la Cancillería argentina, el ministro Pablo Quirno afirmó que existen sectores externos que buscan generar conflictos entre ambos países y remarcó que el Gobierno no pretende profundizar las diferencias. También señaló que la Argentina mantiene una relación positiva con la administración chilena y que existen oportunidades para ampliar la cooperación bilateral en distintos ámbitos.
En el plano local, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, manifestó su preocupación por las actividades comerciales que se desarrollan en Punta Arenas y envió una carta al embajador chileno en la Argentina para expresar su malestar.
El jefe comunal sostuvo que ambos países comparten una historia y un futuro en la isla de Tierra del Fuego, y advirtió que las operaciones empresariales que faciliten la actividad británica en las Malvinas contradicen los esfuerzos de cooperación construidos durante décadas entre las dos naciones.
De esta manera, la posible puesta en marcha de la ruta marítima entre Punta Arenas y las Malvinas se convirtió en un nuevo punto de fricción entre Buenos Aires y Santiago. Mientras el Gobierno argentino sostiene la necesidad de defender sus reclamos de soberanía, en Chile avanzan los planteos parlamentarios para resguardar sus intereses estratégicos y comerciales en la región austral.
