La oposición en la Cámara de Diputados mantendrá el pedido de sesión para este jueves, pese a las dificultades para reunir el quórum necesario para debatir la derogación del DNU 70/23, la emergencia en discapacidad y los proyectos de alivio para familias endeudadas y morosas. Los bloques opositores buscarán dejar en evidencia a los legisladores ausentes y señalar su alineamiento con el Gobierno en asuntos sensibles, en el marco de una movilización prevista frente al Congreso.
La posibilidad de reunir las 129 presencias necesarias para iniciar el debate se complicó todavía más luego de que la Corte Suprema suspendiera los efectos del artículo 154 del DNU 70/23 y restableciera la vigencia de la Ley de Tierras. La decisión respondió a un reclamo de una organización ambientalista. Según los cálculos de la oposición, la asistencia podría ubicarse entre 112 y 120 diputados, por debajo del número requerido.
Mientras tanto, el oficialismo avanza con negociaciones con los gobernadores por el Presupuesto y la eventual suspensión de las PASO, y prepara una estrategia legislativa para este miércoles. En un plenario de comisiones, buscará avanzar con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada e incorporar la derogación del artículo 154 del DNU 70. La iniciativa apunta a restablecer la Ley de Tierras o establecer un límite a la compra de tierras por parte de extranjeros con un porcentaje superior al 15%, una alternativa que el oficialismo ya había intentado impulsar sin éxito en el Senado.
Con esa maniobra, el bloque libertario, encabezado por Martín Menem, buscará sumar argumentos para que los bloques aliados no acompañen la convocatoria opositora y evitar que se alcance el quórum. También intentará despejar el camino para la sesión solicitada por el oficialismo para el miércoles 21, que incluirá, entre otros temas, la inviolabilidad de la propiedad privada, la discapacidad y el endeudamiento familiar.
De acuerdo con las previsiones opositoras, asistirían diputados de Unión por la Patria, la izquierda, sectores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Primero San Luis, algunos legisladores misioneros y diputadas como Natalia de la Sota y Marcela Pagano. Si después de media hora no se alcanza el quórum, los presentes podrían pronunciar discursos sin posibilidad de votar y luego sumarse a la movilización, que comenzó con el reclamo por el presupuesto universitario y sumó a organizaciones ambientalistas, veteranos de Malvinas y colectivos vinculados con el endeudamiento y la discapacidad.
Los referentes opositores descartaron retirar el pedido de sesión. Consideran que presentarse, aun sin conseguir abrir el debate, permitirá identificar quiénes acompañan los proyectos y quiénes se ausentan. También sostienen que las iniciativas reúnen a distintos bloques y pueden anticipar cómo se ordenarán las fuerzas políticas en los próximos debates.
Además, los espacios no oficialistas evalúan solicitar una nueva sesión para el martes próximo o para el jueves 21, algunas horas antes de la convocatoria del oficialismo. La decisión todavía no está tomada, pero, de concretarse, el temario incluiría discapacidad y endeudamiento familiar, con la intención de evitar el tratamiento de otros proyectos impulsados por el Gobierno.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que la oposición debe intentar construir el quórum y que los legisladores que no se sienten tendrán que explicar su decisión. Señaló que resulta difícil justificar una ausencia en una sesión que aborda la protección de las personas con discapacidad, el alivio para quienes tienen deudas y la cuestión de las tierras.
Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón, integrante de Provincias Unidas, defendió la necesidad de dar quórum y derogar el DNU 70. Argumentó que, a su juicio, no hay constitucionalistas que consideren constitucional la norma y cuestionó que el Gobierno la haya utilizado durante tres años sin enviar proyectos al Congreso para respaldar sus medidas. Según afirmó, mantener esa situación resulta negativo para la institucionalidad del país.
