La agenda continuará este miércoles a las 10 con una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Alberto Benegas Lynch, en la que está prevista la participación del secretario de Trabajo, Julio Cordero. El cronograma contempla además encuentros informativos los días 20 y 27 de octubre, con el objetivo de avanzar hacia un dictamen el 28.
El oficialismo también pretende coordinar el tratamiento del Presupuesto con otras iniciativas parlamentarias, entre ellas la reforma política que busca impulsar en el Senado. La fecha definitiva de la sesión dependerá de las negociaciones con los bloques aliados y de la evolución del debate en comisión.
Uno de los principales cuestionamientos de la oposición se concentra en los recursos asignados a las universidades nacionales. El bloque de Unión por la Patria presentó un reclamo ante Benegas Lynch por el presunto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y pidió que el jefe de Gabinete garantice la aplicación del fallo judicial que ordenó al Poder Ejecutivo cumplir con la norma aprobada en 2025.
La oposición propuso incrementar las partidas universitarias mediante una reducción de los fondos previstos en la Jurisdicción 91, correspondiente a “Obligaciones a cargo del Tesoro”, para evitar modificaciones en el resultado fiscal proyectado para 2027.
El planteo se produce después de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional el decreto 759/2025 y ordenara el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795. El decreto había condicionado la promulgación de la norma a la identificación de las fuentes de financiamiento de los nuevos gastos, conforme al artículo 5 de la Ley 24.629. El magistrado consideró que esa condición funcionaba como un veto que no estaba permitido por la Constitución, dado que la ley había sido aprobada por el Congreso con dos tercios de los votos.
El Gobierno apeló el fallo y argumentó que la aplicación de la ley exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para el gasto primario de la Administración Nacional.
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una partida de $7.349.082.049.312 para el conjunto de las universidades nacionales. De ese total, $6.326.177.949.919 se destinan a salarios, funcionamiento y transferencias corrientes, mientras que $1.022.904.099.393 corresponden a partidas clasificadas como “debajo de la línea”.
La propuesta también incluye una cláusula que obliga a las universidades a informar al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, sobre la utilización de sus gastos. El texto autoriza al Poder Ejecutivo a interrumpir las transferencias a las instituciones que no cumplan con esa obligación.
Los fondos previstos están por debajo de los $11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas. La diferencia ronda el 33% y, según las autoridades universitarias, afecta especialmente al componente salarial, que representa cerca del 90% de las necesidades presupuestarias del sistema.
El CIN presentó su propuesta ante diputados y senadores el 16 de septiembre. El cálculo contempla los recursos necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y cubrir gastos de funcionamiento, infraestructura, ciencia y tecnología, becas y hospitales universitarios.
Guberman quedó a cargo de defender el proyecto ante la comisión, una tarea que en anteriores gestiones solía asumir el ministro de Economía. Luis Caputo no tenía prevista su participación en la reunión, pese a las reiteradas convocatorias de legisladores opositores, ya que se encuentra en Bangkok, Tailandia, para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Durante su exposición, el secretario de Hacienda repasó el impacto de 11 años de déficit fiscal y primario, y presentó gráficos sobre la evolución de la actividad económica, el empleo y los salarios durante los últimos tres años, además de referirse a las asignaciones para las provincias.
El proyecto prevé para 2027 un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación acumulada del 18% a diciembre y un tipo de cambio de $1.847,6 al cierre del año, con un promedio anual de $1.728.
De acuerdo con el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, los ingresos crecerían un 3,5% en términos reales, mientras que los subsidios energéticos disminuirían un 25,2%. Guberman destacó que el documento se había publicado antes de la primera reunión de la comisión y afirmó que la Oficina no había sido desmantelada, en respuesta a los cuestionamientos de la oposición vinculados con las auditorías.
Otro punto de conflicto es el capítulo del Presupuesto que proponía cambios en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. El oficialismo se comprometió a eliminar ese apartado y reemplazarlo por un proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente, negociado con bloques aliados. La oposición, por su parte, busca avanzar con una iniciativa para prorrogar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
El proyecto presupuestario asigna $6,094 billones a las pensiones no contributivas por invalidez laboral y $1,165 billones a la atención médica de sus beneficiarios. En conjunto, las principales partidas vinculadas con el sector, bajo la órbita del Ministerio de Salud, alcanzan alrededor de $7,275 billones.
Las proyecciones oficiales estiman que en 2027 habrá 1.141.436 beneficiarios de pensiones por discapacidad, unos 2.578 menos que los 1.144.014 registrados en junio, según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social.
Los bloques aliados pidieron aclaraciones sobre las partidas y reclamaron que exista una terminología común entre el Presupuesto y la nueva iniciativa sobre discapacidad. En las conversaciones con Guberman, el funcionario sostuvo que los recursos para afrontar las prestaciones estaban contemplados en el proyecto. “Está previsto al 100%. Si se duplica la cantidad de personas, está previsto el gasto en cobertura de salud”, afirmó durante la reunión.
Mientras continúan las negociaciones, la oposición mantiene su reclamo para extender la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027. La iniciativa obtuvo 36 firmas en comisión y forma parte de una agenda parlamentaria que también incluye el endeudamiento y el DNU 70/2023.
