El recurso fue presentado por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, en respuesta a la resolución del 6 de octubre. En ese fallo, la Justicia declaró inválida la disposición del decreto que condicionaba la aplicación de la Ley 27.795 a la identificación de fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas necesarias en el presupuesto.
El Estado solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y se rechace la demanda en su contra. En su presentación, sostuvo que el decreto no suspendió ni anuló la ley universitaria, sino que estableció condiciones para su implementación, vinculadas con la disponibilidad de recursos y las reglas de administración financiera.
Según el Gobierno, la aplicación de la norma requiere identificar las fuentes de financiamiento necesarias e incluir las partidas correspondientes en el presupuesto. En ese sentido, argumentó que la autorización de determinados gastos no garantiza por sí sola la existencia de fondos disponibles ni habilita al Poder Ejecutivo a ejecutarlos sin respaldo presupuestario.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al artículo 9 de la Ley 27.795. Para el Estado, ese apartado no identifica de manera suficiente los recursos específicos para cubrir las erogaciones previstas. Por ello, sostuvo que es necesario determinar si las fuentes contempladas por la ley alcanzan para afrontar las obligaciones que establece.
La apelación también cuestionó la vía judicial utilizada para resolver el conflicto. El Gobierno argumentó que una acción de amparo no era adecuada para una discusión que, a su criterio, requiere un análisis técnico, contable y presupuestario más amplio, con producción de pruebas sobre el costo de las medidas y su impacto en las cuentas públicas.
Además, sostuvo que la sentencia impuso obligaciones de gasto sin precisar qué recursos debían utilizarse ni cómo debían financiarse. Según la presentación, esa situación podría afectar la planificación financiera del Estado y la asignación de fondos destinados a otras políticas públicas.
Otro eje del recurso se refiere a la distribución de competencias entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. El Gobierno afirmó que corresponde al Poder Legislativo determinar los recursos y autorizar los gastos mediante el presupuesto, mientras que el Ejecutivo debe ejecutar esas partidas dentro del marco legal vigente. Desde esa perspectiva, planteó que una decisión judicial no puede sustituir el procedimiento presupuestario ni imponer gastos sin establecer su financiamiento.
En defensa del Decreto 759/2025, el Estado sostuvo que sus disposiciones son compatibles con la Ley de Financiamiento Universitario y con los principios de legalidad presupuestaria. También argumentó que declarar la inconstitucionalidad de una norma requiere demostrar de manera concreta su incompatibilidad con la Constitución o con otras disposiciones legales.
Por estos motivos, el Ministerio de Capital Humano pidió a la Cámara que revoque la declaración de inconstitucionalidad del decreto, deje sin efecto la orden de cumplimiento inmediato de la Ley 27.795 y rechace la demanda contra el Estado Nacional, con costas.
Mientras se tramita la apelación, se mantiene vigente la medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la ley. La Cámara deberá evaluar los argumentos del Estado y los fundamentos del fallo de primera instancia para determinar cómo continúa el conflicto judicial por el financiamiento de las universidades nacionales.
