La licitación se realiza bajo un esquema de etapa múltiple y sin precio base y contempla la transferencia a un único operador estratégico del 90% del capital social de AySA. La compañía fue incluida entre las empresas estatales sujetas a privatización por la Ley de Bases, en el marco de la Ley 23.696 de Reforma del Estado y los decretos reglamentarios 695/2024 y 494/2025.
Dos grupos empresarios habían superado las instancias técnicas de la licitación. Por un lado, Rowing S.A., integrado por Transclor, de Mauricio Filiberti; la brasileña Arcos Saneamento e Participações, perteneciente al Grupo Equipav; y PHX, un vehículo de inversión radicado en Países Bajos. Por el otro, Roggio ROAS S.A.U., del Grupo Roggio, conformado por Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.
El grupo Roggio opera actualmente Aguas Cordobesas y cuenta con participación en actividades vinculadas a servicios e infraestructura. La oferta de Rowing, en tanto, tiene entre sus integrantes a Transclor, una empresa que históricamente fue proveedora de insumos para AySA.
Según las condiciones establecidas en los pliegos, quien resulte adjudicatario deberá ejecutar un programa de inversiones superior a los US$2.000 millones entre 2027 y 2031. Los fondos estarán destinados a obras de expansión, mantenimiento y optimización de las redes de agua potable y saneamiento.
El esquema establece además objetivos de cobertura para los próximos años. Para 2031 se prevé alcanzar un 75,3% de cobertura en agua potable y un 63,9% en cloacas. Al finalizar el contrato, establecido inicialmente en 30 años con posibilidad de prórroga, la concesionaria deberá garantizar al menos un 90% de acceso a la red de agua y un 75% a la de cloacas.
La privatización también contempla modificaciones vinculadas con el esquema tarifario, el financiamiento de las obras y los mecanismos de control y supervisión de la prestación del servicio. En ese marco, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó a una audiencia pública para el 26 de octubre.
En esa audiencia se analizará el pedido de AySA para actualizar los coeficientes zonales y modificar el esquema tarifario. La propuesta contempla simplificar el régimen no medido y reemplazar los 11 coeficientes actuales, que van de 1,10 a 3,50, por una escala de cinco niveles comprendidos entre 0,75 y 2,75.
Uno de los puntos que quedará bajo atención en el proceso es la participación de Mauricio Filiberti, dueño de Transclor e integrante del consorcio encabezado por Rowing. La empresa provee a AySA insumos químicos utilizados en el proceso de potabilización, entre ellos derivados del complejo cloro-soda y policloruro de aluminio (PAC).
En caso de que el consorcio resulte adjudicatario, el proceso de compras y la contratación de proveedores vinculados quedarán entre los aspectos sujetos a fiscalización, junto con las condiciones de competencia entre las empresas proveedoras.
Filiberti también es accionista de Edenor, distribuidora eléctrica que tiene a AySA entre sus principales clientes industriales debido al consumo de las plantas de potabilización, estaciones de bombeo y establecimientos depuradores.
La transferencia del control de AySA forma parte del proceso de privatizaciones impulsado por el Gobierno nacional y quedará sujeta a las condiciones establecidas en los pliegos, al programa de inversiones y al esquema de regulación que deberá aplicarse durante la concesión.
