La estrategia oficial apunta a separar el tratamiento de las iniciativas electorales del resto de la agenda legislativa. El objetivo de aprobar la reforma política antes de que termine el año continúa vigente, pero su discusión dejó de formar parte de las prioridades inmediatas de octubre.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza las conversaciones con gobernadores y bloques aliados para alcanzar acuerdos sobre los cambios electorales. Mientras esas negociaciones continúan, el oficialismo busca avanzar con proyectos que considera con mayores posibilidades de llegar al recinto.
Entre ellos se encuentra la adhesión al PCT, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. El proyecto fue aprobado en agosto por 147 votos contra 93, aunque con una reserva sobre el Capítulo II, por lo que debe regresar al Senado para completar el trámite legislativo.
El tratado permite presentar una solicitud internacional de patente que puede continuar su proceso en los países elegidos por quien realiza la presentación. Sin embargo, la eventual concesión del derecho continúa dependiendo de las oficinas nacionales correspondientes. Argentina suscribió el tratado en 1970, pero todavía no completó el procedimiento interno necesario para su ratificación.
La reserva incorporada por Diputados deja afuera el Capítulo II, referido al examen preliminar internacional. Se trata de una instancia optativa que permite obtener una evaluación adicional sobre aspectos como la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial de una invención. Durante la negociación, esa exclusión fue planteada por sectores de la industria farmacéutica local.
Para el Ejecutivo, completar la incorporación al tratado resulta relevante porque forma parte de los compromisos asumidos con Estados Unidos en materia de propiedad intelectual. A la vez, el Gobierno prepara el envío de otros seis acuerdos internacionales vinculados con patentes, marcas, diseños industriales, microorganismos y señales satelitales.
El otro expediente que busca llevar al recinto es la modificación de la Ley de Salud Mental. La iniciativa fue presentada en el Senado durante el primer semestre y atravesó un período de audiencias y negociaciones debido a las diferencias planteadas en torno al régimen de internaciones.
La propuesta sobre la que trabaja el oficialismo introduce cambios en las condiciones para disponer internaciones involuntarias, precisa las situaciones de riesgo y amplía la intervención profesional y judicial. También contempla modificaciones relacionadas con la duración de las internaciones, los planes de egreso, el tratamiento de las adicciones, las teleconsultas y las directivas anticipadas.
Entre las modificaciones previstas se establece que una internación involuntaria requiera la evaluación de dos profesionales, de los cuales al menos uno deberá ser médico. En situaciones excepcionales en las que no exista disponibilidad inmediata, la intervención psiquiátrica podrá realizarse posteriormente.
El texto también incorpora controles periódicos con el objetivo de evitar que las internaciones se prolonguen sin una revisión. Al mismo tiempo, mantiene el criterio de reemplazar los establecimientos monovalentes por una red integrada de atención, aunque incorpora mayores herramientas para intervenir frente a casos considerados complejos.
La iniciativa fue revisada durante los últimos meses y todavía requiere consolidar los respaldos necesarios dentro del Senado para poder avanzar hacia el recinto.
Mientras tanto, otros proyectos que habían sido considerados para la agenda de la Cámara alta continúan sin fecha de tratamiento. Entre ellos se encuentran Super-RIGI, la reforma de la Ley de Sociedades, Hojarasca y las modificaciones al régimen de Etiquetado Frontal.
En el caso de Super-RIGI, persisten diferencias sobre las condiciones para las grandes inversiones y el tratamiento de los proveedores locales. La reforma de la Ley de Sociedades, en tanto, recibió pedidos de cambios en el Senado vinculados, entre otros aspectos, con las responsabilidades de las personas que se encuentran detrás de sociedades automatizadas y estructuras basadas en contratos inteligentes.
Con este escenario, el Gobierno comenzó a definir qué iniciativas intentará convertir en ley antes de diciembre y cuáles quedarán para más adelante. La prioridad continúa puesta en el Presupuesto 2027 y en la reforma política.
De acuerdo con el cronograma que maneja el Ejecutivo, el Presupuesto podría ser tratado en Diputados recién en noviembre, lo que reduciría el margen de tiempo disponible para que el Senado complete su tratamiento antes del cierre del período ordinario.
La intención oficial es llegar a diciembre con el Presupuesto y la reforma política aprobados, además de los proyectos que logren avanzar durante octubre. Hasta entonces, Santilli continuará con las negociaciones con gobernadores y bloques aliados para reunir los apoyos necesarios para los cambios electorales, mientras el oficialismo mantendrá en suspenso una nueva convocatoria de la comisión hasta alcanzar un acuerdo previo.
