El proceso se desarrolla ante la Cámara Segunda en lo Criminal, bajo la causa 12.386/2020-1, y analiza los hechos ocurridos el 31 de mayo de 2020 en el barrio Banderas Argentinas. La investigación se concentra en el ingreso de los efectivos a una vivienda y las posteriores detenciones en la Comisaría Tercera de Fontana.
De acuerdo con la acusación, los policías ingresaron al domicilio sin una orden judicial y agredieron a integrantes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente. Las denuncias incorporadas al expediente también describen amenazas de muerte, agresiones y expresiones racistas durante el período en que los jóvenes permanecieron detenidos.
Lucena enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal cometida por un funcionario público. La acusación sostiene que no puso a disposición del juzgado a una adolescente que se encontraba detenida y que tampoco denunció los abusos que habría advertido mientras estaba a cargo de la dependencia.
La situación de la oficial también quedó vinculada a una decisión administrativa posterior. El 13 de junio de 2025, Zdero firmó un decreto mediante el cual Lucena fue promovida de comisario inspector a comisario mayor, con efecto retroactivo al comienzo de ese año. La promoción había sido propuesta por el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, y contaba con el respaldo administrativo correspondiente.
Lucena estaba imputada desde septiembre de 2021 y el expediente había sido elevado a juicio en abril de 2022. Por ese motivo, su ascenso se produjo mientras la causa ya se encontraba en instancia judicial.
Los otros nueve policías que llegaron a juicio están acusados por distintos delitos, entre ellos vejaciones agravadas y detención ilegal. Las imputaciones deberán ser analizadas durante el proceso y no implican por sí mismas una condena.
El inicio del debate se produjo después de varias reprogramaciones. La última suspensión había ocurrido en septiembre, a raíz del cambio de defensor de uno de los acusados.
En el expediente también interviene como querellante institucional el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que había manifestado preocupación por las demoras registradas en el avance del proceso judicial.
