“De ninguna manera que un extranjero compre una tierra en la Argentina le hace a la Argentina perder soberanía”, afirmó Ravier durante una conferencia de prensa. Según explicó, la tierra permanece dentro del territorio nacional y los extranjeros tienen los mismos derechos civiles que los argentinos. En ese sentido, consideró que las restricciones vigentes hasta la derogación de la Ley de Tierras habían limitado la inversión y el desarrollo de actividades productivas.
El funcionario vinculó su postura con el fallo de la Corte Suprema que mantuvo vigente un capítulo del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley de Tierras sancionada en 2011. Para el Gobierno, la eliminación de esas limitaciones permitiría ampliar las posibilidades de inversión y producción, desde la instalación de cotos de caza hasta actividades agrícolas como el cultivo de limones en Tucumán o de cereales en La Pampa.
La discusión volvió a tomar relevancia en el Congreso luego de que el DNU 70/2023 fuera rechazado previamente por el Senado. Los bloques opositores convocaron a una sesión para el 15 de noviembre con el objetivo de avanzar sobre la revocación del decreto, en una jornada que también podría estar acompañada por una movilización. Frente a ese escenario, Ravier expresó el optimismo del Gobierno: “Somos optimistas de que no va a pasar”.
El vocero también defendió el contenido del decreto y enumeró entre sus principales cambios la derogación de la Ley de Alquileres, la liberalización de las cuotas de las empresas de medicina prepaga y la eliminación de facultades estatales para intervenir en la regulación de precios. Según planteó, esas medidas responden a una misma lógica: que los precios, la oferta y las condiciones comerciales queden determinados por la competencia y las decisiones de los consumidores.
