El proyecto establece que un usuario con un crédito de consumo podrá solicitar su reemplazo por una nueva financiación otorgada por otra entidad, siempre que esta acepte voluntariamente la operación. El nuevo préstamo tendrá como finalidad cancelar la deuda anterior y no requerirá la aprobación del acreedor original. A su vez, la portabilidad no garantizará la obtención de un nuevo crédito, ya que cada proveedor conservará la facultad de evaluar el riesgo crediticio del solicitante.
La iniciativa surgió luego de que quedaran de lado distintos proyectos de la oposición que proponían establecer tasas máximas para los préstamos, una alternativa rechazada por las entidades bancarias y financieras. Con el respaldo necesario para emitir un dictamen y llevar el proyecto al recinto, el oficialismo apunta a que la Cámara de Diputados lo trate el 21 de octubre, mientras que el Senado podría discutirlo durante la semana del 15 de noviembre. El objetivo es que la nueva normativa sea reglamentada en enero del próximo año.
Uno de los puntos que genera preocupación entre los proveedores financieros más pequeños es que las grandes entidades puedan captar créditos que originalmente fueron otorgados por fintech u otros operadores. El proyecto contempla un mecanismo para reducir ese riesgo mediante una compensación al proveedor que originó el préstamo, a través de un costo de originación similar al utilizado en Brasil.
Para que la portabilidad pueda concretarse, el usuario deberá autorizar expresamente el intercambio de la información crediticia necesaria entre el proveedor original y el nuevo. El procedimiento deberá realizarse de manera segura y estandarizada, con el objetivo de facilitar el traslado de la operación sin comprometer la protección de los datos personales.
El Banco Central de la República Argentina será el encargado de establecer los mecanismos para el intercambio de información, así como los procedimientos destinados a la liquidación y cancelación de los créditos. Además, deberá contemplar la interoperabilidad con el Sistema de Finanzas Abiertas que se implemente y garantizar la protección de los datos personales y los derechos de los usuarios.
El proyecto, que lleva la firma del presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Santiago Pauli, también incorpora reglas para operaciones de corta duración o con características complejas. En esos casos, los proveedores deberán presentar información clara sobre el flujo económico de la operación, incluyendo el importe neto que recibirá el usuario, el monto total que deberá devolver, las fechas de pago y los costos asociados al financiamiento.
Por último, la iniciativa propone actualizar el marco de educación financiera para incorporar contenidos vinculados con la capacitación y alfabetización financiera en entornos digitales y frente al uso de nuevas tecnologías.
