La defensa de Facchín tiene la opción de llevar su caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario federal. Si este último intento no tiene éxito, la condena se volverá definitiva y el exintendente deberá cumplir con la pena de prisión.
El TSJ también confirmó las sentencias contra cinco empleados municipales involucrados en la operación, quienes recibirán penas de tres años de prisión en suspenso. Los condenados son Diego Oscar Allendes, Juan Santos Márquez, Darío Mercedes Palomeque, Pablo Daniel Palomeque y Roque Enrique Quinteros Nievas.
En la madrugada del 28 de abril de 2013, personal del municipio distribuyó albóndigas de carne envenenadas con metomil, un veneno altamente tóxico, en diversos lugares de la ciudad, provocando la muerte de 211 perros.
Facchín había sido absuelto inicialmente el 26 de julio de 2019 por la Cámara 12ª del Crimen de Córdoba, decisión que se tomó bajo la duda razonable. Sin embargo, en marzo de 2020, la Sala Penal del TSJ revocó esa absolución y ordenó la celebración de un nuevo juicio, en el que la Cámara 8ª del Crimen lo condenó a cuatro años de prisión en 2022.
Facchín fue juzgado en libertad y, tras la sentencia, se determinó que permanecería en esa situación hasta que la condena se consolidara. Los jueces consideraron que su cargo le otorgaba la capacidad de gestionar tanto personal como recursos, y que los inspectores que llevaron a cabo el operativo estaban bajo su supervisión.
La implicación directa de los cinco empleados municipales en el operativo quedó debidamente probada. La envergadura y la simultaneidad de la acción fueron vistas como señales de una “acción organizada”.
Pedro Despouy Santoro, uno de los denunciantes, expresó: “La Municipalidad de Deán Funes, ante la superpoblación masiva de animales, no halló otra solución, entre comillas, que implementar un plan macabro para exterminar a todos estos animales que estaban en la vía pública”.
El abogado también señaló que el operativo causó “la intoxicación de un niño, que debió ser trasladado de urgencia a Córdoba”, enfatizando que el manejo irresponsable de la sustancia química representó un grave riesgo para la salud de toda la ciudadanía.
Entre los aspectos resaltados en la sentencia de 2022 se incluyó el examen del bien jurídico protegido por la Ley 14.346. El tribunal determinó que esta normativa protege la integridad física y psíquica de los animales, reconociéndolos como “seres sintientes”, es decir, capaces de sentir dolor y placer. Despouy Santoro ponderó este aspecto, considerándolo un avance en el reconocimiento jurídico del bienestar animal.
