Esta perspectiva forma parte del concepto de economía azul, impulsado por el economista belga Gunter Pauli y adoptado por organismos internacionales como la ONU y el Banco Mundial. La propuesta busca desarrollar los recursos oceánicos combinando objetivos económicos, ambientales y sociales.
La dimensión económica del sector es significativa. Según datos de la ONU, la economía oceánica genera un valor agregado real de US$6 billones, equivalente a cerca del 5% del producto bruto global. Si se la considerara como un país, ocuparía el quinto lugar entre las mayores economías del mundo. Dentro de este universo se encuentran actividades como la pesca, la acuicultura, la explotación de hidrocarburos, el turismo y la biotecnología. Solo la pesca y la acuicultura representan ventas iniciales por US$472.000 millones, de acuerdo con la FAO.
Las Islas Malvinas permiten observar cómo distintas actividades económicas pueden transformar los recursos marítimos en inversiones e infraestructura. La pesca representa el 58,3% de los ingresos de la economía de las islas, mientras que el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago, contempla una primera etapa con 11 pozos submarinos y una producción estimada de 50.000 barriles diarios. Para 2028, se proyectan ingresos cercanos a US$1.000 millones.
A estas actividades se suma el desarrollo de un proyecto de acuicultura asociado con capitales daneses, que apunta a producir hasta 50.000 toneladas anuales de salmón del Atlántico. La iniciativa estima un valor de producción cercano a los US$600 millones por año.
Aunque pesca, hidrocarburos y acuicultura responden a modelos productivos diferentes, las tres actividades tienen un punto en común: convierten recursos y espacios marítimos en inversiones, infraestructura y relaciones comerciales vinculadas con un territorio. En ese sentido, su desarrollo también puede incidir sobre la capacidad instalada y productiva de las próximas generaciones.
La explotación pesquera en Malvinas también está atravesada por la disputa de soberanía. Argentina desarrolló un marco jurídico que desconoce las licencias británicas y establece sanciones para los operadores que desarrollen actividades sin autorización. La Ley 26.386, vigente desde 2008, dispone que quienes soliciten permisos de pesca en aguas argentinas deben desvincularse de empresas o personas que operen sin autorización, bajo pena de caducidad automática de sus permisos.
A nivel internacional, la resolución 31/49 de la ONU insta a las partes involucradas en la disputa de soberanía a evitar cambios unilaterales en la situación existente. Argentina sostiene que la explotación unilateral de los recursos naturales en el área en conflicto resulta incompatible con ese principio.
Un criterio similar se aplicó a los hidrocarburos mediante reglamentaciones destinadas a prevenir actividades no autorizadas. De esta manera, la pesca y la explotación petrolera fueron incorporadas a una perspectiva que vincula el manejo de los recursos naturales con la cuestión de la soberanía.
La acuicultura plantea ahora una nueva discusión. A diferencia de la pesca tradicional, no se basa en la captura de especies, sino en su producción controlada, por lo que requiere planificación, infraestructura y una organización de carácter agroindustrial. Su desarrollo también plantea la necesidad de establecer criterios de sostenibilidad y definir qué especies pueden producirse y bajo qué condiciones.
El caso de Chile muestra el potencial económico de esta actividad. Durante el último año, la acuicultura generó más de US$7.800 millones, lo que la convirtió en una de las principales referencias regionales sobre el desarrollo de esta industria.
En Argentina, la discusión sobre la acuicultura también tiene antecedentes. En Tierra del Fuego, durante 2020, el desarrollo de la actividad generó un fuerte debate y distintas organizaciones ambientalistas impulsaron restricciones que derivaron en la sanción de la Ley 1355, que limitó la acuicultura en la jurisdicción.
Cuatro años después, la Ley provincial 1601 estableció un nuevo marco legal para reorganizar el desarrollo de la actividad y determinar qué especies pueden cultivarse y bajo qué condiciones. El cambio permitió avanzar desde una discusión centrada exclusivamente en la prohibición hacia una regulación específica sobre la producción acuícola.
En paralelo, en las Islas Malvinas comenzaron a desarrollarse iniciativas vinculadas con la acuicultura. La expansión de esta actividad introduce así una cuestión que hasta ahora tenía una presencia menor en la discusión sobre los recursos del archipiélago, donde la pesca y el petróleo ya cuentan con antecedentes de explotación.
La soberanía sobre Malvinas constituye una cuestión histórica y jurídica que no depende exclusivamente de la explotación económica de los recursos. Sin embargo, la investigación, la regulación y la gestión de esos recursos forman parte de las capacidades que un Estado puede desarrollar sobre un territorio y sus espacios marítimos.
En este contexto, la participación de las organizaciones ambientales también forma parte del debate. Los cuestionamientos planteados en experiencias como las de Tierra del Fuego y Chile introducen consideraciones sobre el impacto de la actividad, aunque su aplicación y alcance deben analizarse en función de cada caso.
Pesca, petróleo y acuicultura configuran así tres actividades diferentes dentro de un mismo escenario de aprovechamiento de recursos marítimos en torno a Malvinas. Mientras
