“Uno tiene que tolerar las presiones”, afirmó Luciani al recordar distintos episodios ocurridos durante el proceso. Entre ellos mencionó críticas públicas de un Presidente de la Nación que lo calificó, junto con otros integrantes de la Justicia, como parte de una “mafia judicial”, además de una expresión posterior a su alegato en la que se planteó: “Espero que Luciani no se suicide”.
Para el fiscal, sostener la independencia frente a ese tipo de situaciones exige una preparación que excede los conocimientos jurídicos. Habló de una formación mental, profesional y académica, además de capacidad de liderazgo para conducir equipos en contextos de alta presión.
Luciani también describió las limitaciones con las que trabajaba su fiscalía. El equipo estaba integrado por 12 personas y, además de la investigación sobre la obra pública en Santa Cruz, tenía a su cargo más de 200 expedientes relacionados con otros delitos. Frente a esa carga, explicó que fue necesario dividir la fiscalía y desarrollar una preparación específica para afrontar el juicio.
Durante su exposición también recordó el contexto político en el que se desarrolló la causa. Según relató, después de las elecciones de 2019, cuando resultó electa la persona que estaba siendo juzgada, las presiones sobre quienes intervenían en el proceso aumentaron. En ese marco, sostuvo que los intentos de condicionamiento pueden comenzar de manera indirecta y avanzar posteriormente hacia mecanismos más explícitos.
Como ejemplos mencionó iniciativas para modificar instituciones, intentos de avanzar contra integrantes de la Corte Suprema y propuestas vinculadas con la Procuración. También hizo referencia al impacto que tienen las amenazas y las dificultades personales que pueden atravesar los investigadores de casos de corrupción.
“¿Cómo le explico a mi hijo de 16 años si no hacía lo que tenía que hacer?”, planteó al recordar ese período. Para Luciani, la independencia judicial representa una condición concreta para que los funcionarios puedan actuar incluso cuando sus decisiones generan conflictos con sectores del poder político.
El fiscal también puso el foco en las herramientas disponibles para profundizar las investigaciones. En relación con la causa Vialidad, explicó que solicitaron acceder a expedientes vinculados con otros casos, entre ellos el relacionado con el exsecretario de Obras Públicas José López. El tribunal autorizó ese pedido y, según su relato, allí fueron encontrados dos teléfonos que no habían sido analizados.
De acuerdo con Luciani, esos dispositivos contenían conversaciones vinculadas con la salida de Austral Construcciones y reuniones relacionadas con decisiones atribuidas a Cristina Kirchner. Según su interpretación, ese material permitió ampliar la comprensión sobre el funcionamiento de la trama investigada.
Al referirse al impacto que, desde su perspectiva, tuvieron los hechos investigados, planteó qué destino podrían haber tenido los recursos si hubieran sido utilizados para infraestructura, rutas, cloacas y obras públicas.
Luciani definió además el resultado judicial de la causa Vialidad como un punto de inflexión en las investigaciones sobre corrupción. “Marcó un antes y un después en materia de corrupción. Es un caso exitoso. Hay cosa juzgada”, sostuvo, al remarcar que la investigación llegó a una resolución judicial firme.
Durante el mismo panel, una integrante del Consejo de la Magistratura abordó el funcionamiento institucional del organismo y puso el foco en los mecanismos para seleccionar y controlar a los jueces. Informó que se tramitaron unas 500 denuncias contra magistrados y que solo tres terminaron en sanciones. A partir de esos datos, planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
La consejera también cuestionó aspectos del sistema de selección de jueces y señaló que las decisiones pueden quedar atravesadas por disputas internas entre los integrantes del Consejo. En ese contexto, presentó cinco proyectos orientados a incrementar la transparencia y reducir la discrecionalidad.
Otro de los puntos señalados fue la cantidad de vacantes judiciales. Recordó que durante 27 meses no hubo envío de pliegos del Poder Ejecutivo al Senado y que el nivel de vacantes llegó al 33%. Si bien indicó que durante el año comenzó a avanzarse en la cobertura de cargos, señaló que actualmente el porcentaje ronda el 20% y reclamó acelerar los procesos de selección.
La consejera también vinculó el funcionamiento del sistema judicial con la actividad económica y la confianza de los inversores. En ese sentido, mencionó el RIGI, que contempla mecanismos de resolución de controversias ante instancias internacionales, y planteó interrogantes sobre quién garantizaría el cumplimiento de ese régimen en caso de un conflicto.
Ambos expositores coincidieron en señalar la importancia de fortalecer la independencia judicial, aunque desde perspectivas diferentes: Luciani a partir de su experiencia en investigaciones de corrupción y la consejera desde la necesidad de modificar los mecanismos institucionales de selección, control y rendición de cuentas.
Al cierre de su intervención, la integrante del Consejo de la Magistratura pidió al sector empresario incorporar el seguimiento del organismo a su agenda institucional y reclamar estadísticas, códigos de ética, reglas disciplinarias claras y concursos transparentes. También llamó a prestar atención a la elección de los representantes de los abogados ante el Consejo, prevista para el 20 de octubre.
Luciani cerró su exposición con una referencia al impacto que, según su propia valoración, tuvo la investigación en la que intervino: “Había que cambiar la historia de este país en materia de justicia y creo que lo logramos, en materia de corrupción”.
