La decisión habilitó la distribución de $253.536 millones, equivalentes a unos US$170 millones. Del total, Edison Energía y Genneia recibieron US$44 millones cada una, de acuerdo con su participación accionaria. En conjunto, los US$88 millones representan una parte de los fondos distribuidos luego del cambio de control.
Edison Energía está integrada por distintos inversores privados, mientras que Genneia es una de las principales compañías de generación de energía renovable del país. En la nueva conducción de Citelec, Edison quedó representada por dos de sus accionistas y Genneia incorporó también a dos representantes.
La distribución de dividendos no surgió con la llegada de los nuevos accionistas. La asamblea celebrada el 30 de abril había aprobado una distribución por $522.590 millones, equivalentes en ese momento a unos US$373 millones. El monto liberado ahora representa menos de la mitad de aquella suma.
Aquella asamblea se realizó dos días después de la apertura de las ofertas para la privatización y antes de que el ente regulador aprobara la transferencia, en junio. La convocatoria había sido realizada el 27 de febrero, cuando todavía faltaban dos meses para la apertura de las propuestas. En ese momento, los accionistas eran Citelec, todavía con participación estatal, Pampa Energía y Anses.
Desde el Gobierno se explicó que la política tarifaria aplicada a Transener durante el proceso de Revisión Quinquenal Tarifaria buscó mejorar el flujo de fondos de la compañía y hacer más atractivo el proceso de privatización. Dentro de esa estrategia, se evitó distribuir dividendos durante la primera parte del año para conservar liquidez dentro de la empresa y utilizarla como un elemento adicional de valor para los potenciales compradores.
Sin embargo, uno de los participantes que no resultó adjudicatario sostuvo una interpretación diferente. Según esa mirada, la información sobre el dinero disponible de la compañía estaba al alcance de todos los interesados durante el proceso de licitación, pero eso no significa que todos los oferentes asignaran el mismo valor a esos fondos.
La evaluación de una empresa, de acuerdo con esta posición, contempla en primer lugar la cantidad de efectivo necesaria para sostener el funcionamiento del negocio. Por ese motivo, la caja disponible puede ser considerada capital operativo y no necesariamente un monto destinado a ser retirado inmediatamente después de la adquisición.
El consorcio que resultó ganador, en cambio, sostiene que el pliego de la licitación establecía que la oferta debía contemplar la situación financiera de la compañía al momento de la operación. Según esa interpretación, todos los participantes tuvieron acceso a la información y debieron incorporarla a sus proyecciones financieras.
Los nuevos accionistas también remarcaron que la distribución de dividendos no constituye el motivo por el cual adquirieron la compañía y que los fondos recibidos no están siendo utilizados específicamente para recuperar la inversión realizada.
En relación con la decisión de distribuir los dividendos antes del ingreso de los nuevos accionistas, desde el consorcio señalaron que no resulta habitual que una compañía en proceso de venta tome una determinación de ese tipo una vez que la transferencia ya fue aprobada y los nuevos socios se encuentran incorporados.
La Secretaría de Energía, por su parte, sostuvo que Transener había distribuido utilidades en pocas oportunidades durante un período extenso: entre 2001 y 2019 lo hizo solamente cuatro veces. Según la explicación oficial, esta política había perjudicado al Estado en su condición de accionista.
Con el cambio de gestión, el Gobierno decidió distribuir los dividendos que podían liberarse de manera prudente antes de avanzar con la privatización. Una parte, equivalente a US$26 millones, fue destinada a cubrir gastos operativos de Enarsa.
Posteriormente, se estableció un precio base de US$206 millones para la operación, a partir de la valuación de Citelec y de la información financiera disponible, incluida la posición de caja. Desde ese momento no se distribuyeron nuevos dividendos, bajo el argumento de que hacerlo habría podido afectar el proceso de licitación y el valor de la compañía ofrecida en venta.
En la licitación, la propuesta ganadora no se definió únicamente a partir de una valuación teórica de la empresa, sino en función de la competencia entre las ofertas. El consorcio ganador ofreció US$356,17 millones, mientras que Central Puerto presentó una propuesta de US$301 millones y Edenor, de US$230 millones.
La diferencia entre la oferta adjudicada y la segunda propuesta fue de US$55 millones, un monto apenas superior a los US$44 millones que recibió cada una de las dos compañías que integran el consorcio ganador.
Los nuevos accionistas sostienen que pagaron una prima del 27% sobre el valor de mercado de Transener al momento de concretarse la operación y remarcan que la distribución de dividendos ya había sido aprobada antes de su ingreso.
Transener, además, no registra deuda financiera. Al 30 de junio, la compañía tenía compromisos de inversión de capital por $120.400 millones.
Este punto es destacado por los nuevos accionistas debido a la capacidad de endeudamiento que presenta la empresa. En el sector, las compañías suelen mantener niveles de deuda equivalentes a entre dos y tres veces su Ebitda, entre otras razones porque los intereses pueden deducirse del impuesto a las ganancias. Transener, al no tener deuda financiera, cuenta con margen para asumir nuevo financiamiento.
La operación se realizó bajo el marco establecido por la Ley 27.742, que incluyó a Enarsa entre las empresas sujetas a privatización, junto con el Decreto 286/2025 y la Resolución 1050/2025 del Ministerio de Economía. Esta última estableció la contratación de un banco público para realizar la valuación del paquete accionario.
El Estado, de todos modos, mantiene una participación relevante en Transener. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses conserva aproximadamente el 19% de las acciones y recibió cerca de US$33 millones correspondientes a la distribución de dividendos.
El principal cambio producido por la operación está en el destino del resto de los fondos. Mientras el producido de la venta de la participación estatal ingresó a las arcas generales del Estado, los dividendos distribuidos corresponden a los accionistas de Transener según sus respectivas participaciones.
