La decisión fue comunicada por la Casa Blanca y apunta a incrementar la disponibilidad de carne destinada a la elaboración de carne molida, con el objetivo de contener los precios al consumidor en medio de una fuerte reducción del stock ganadero estadounidense y de las dificultades de abastecimiento.
La norma comenzará a regir el 1° de septiembre de 2026 y tendrá una vigencia de 90 días. Durante ese período podrán ingresar hasta 100.000 toneladas mensuales, con un máximo acumulado de 300.000 toneladas.
La carne alcanzada por la medida deberá corresponder exclusivamente a cortes magros, que serán utilizados para mezclarlos con carne producida en Estados Unidos y elaborar carne molida. Además, estos cortes deberán comercializarse con un descuento cercano al 25% respecto de los valores habituales de importación.
La proclamación establece que la ampliación no modifica los compromisos asumidos con los países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos ni afecta los contingentes específicos que ya existen para las exportaciones de carne vacuna.
Por ese motivo, Argentina queda excluida del nuevo beneficio, al igual que Uruguay, Australia y Nueva Zelanda. Estos países ya cuentan con cuotas específicas para acceder al mercado estadounidense sin aranceles. En el caso argentino, el contingente histórico de 20.000 toneladas fue elevado este año a 100.000 toneladas por decisión de Trump.
El principal beneficiario de la ampliación sería Brasil, debido a que actualmente no cuenta con una cuota específica de acceso preferencial. De esta manera, la medida está orientada principalmente a países que pueden exportar carne vacuna a Estados Unidos sin disponer de un contingente propio.
La administración estadounidense justificó la decisión en la situación que atraviesa la ganadería del país. Según la Casa Blanca, el stock bovino se encuentra en su nivel más bajo en 75 años, mientras que los costos de producción y distintas restricciones afectaron la actividad ganadera.
El documento también responsabiliza a la administración de Joe Biden por parte de la crisis de abastecimiento y menciona otros factores que agravaron la situación, entre ellos las restricciones a la importación de ganado mexicano para evitar el ingreso del gusano barrenador del Nuevo Mundo, la sequía que redujo la disponibilidad de pasturas y los incendios forestales que afectaron la producción de forraje.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyecta que la producción de carne vacuna caerá alrededor de un 4% respecto de los niveles de 2025. En este contexto, la Casa Blanca destacó que Estados Unidos es el principal consumidor mundial de carne vacuna en volumen y ocupa el segundo lugar en consumo por habitante, por lo que considera necesario garantizar un nivel suficiente de oferta para abastecer al mercado interno.
La ampliación temporal de las importaciones podría incrementar alrededor de un 10% la disponibilidad de carne vacuna. Sin embargo, la medida fue diseñada para limitar su impacto sobre el mercado de ganado destinado al engorde y evitar un perjuicio significativo para los productores estadounidenses.
Al mismo tiempo, el Gobierno estadounidense mantiene como objetivo reconstruir el rodeo nacional y aumentar la producción local. Desde el regreso de Trump al poder comenzó a observarse, por primera vez desde 2018, un incremento en la cantidad de cabezas de ganado y una mayor retención de vaquillonas por parte de los productores.
Entre las medidas destinadas a respaldar al sector también se mencionan incentivos fiscales, una reducción de regulaciones y acciones para combatir prácticas consideradas anticompetitivas.
La Casa Blanca presentó la ampliación de las importaciones como parte de una estrategia destinada a reducir los costos para los consumidores, fortalecer el sistema de respaldo al sector agropecuario y disminuir las cargas sobre los productores.
Tras el anuncio, el presidente del Consorcio Exportador ABC, Mario Ravettino, pidió cautela para evitar expectativas sobre un eventual beneficio para la Argentina. Señaló que, inicialmente, la medida alcanzaría a los países que no cuentan con cuotas específicas o consolidadas ante la Organización Mundial del Comercio, por lo que quedarían excluidos Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia. En ese escenario, Brasil sería el principal beneficiario.
