El proceso se inició ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. Díaz Lacava decidió no declarar en esta primera etapa y señaló que brindará su versión más adelante, luego de escuchar los testimonios y conocer las pruebas que se presenten durante las próximas audiencias.
Una de las situaciones incluidas entre las acusaciones es el lanzamiento de una piedra desde el exterior del edificio, que ingresó por una ventana y terminó dentro de una oficina del tribunal. El magistrado había reconocido anteriormente el episodio y sostuvo que se trató de una broma, aunque manifestó su arrepentimiento.
Díaz Lacava se desempeña en el Tribunal Oral Federal de La Pampa. En abril, el Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió suspenderlo y enviar su caso a juicio político luego de recibir múltiples denuncias de trabajadores del tribunal. Algunos de los empleados denunciantes debieron tomar licencias médicas durante el período en cuestión.
Los testimonios incorporados al proceso describen un clima laboral marcado por situaciones de violencia y hostigamiento. Entre los episodios señalados aparecen gritos, descalificaciones, golpes sobre escritorios, interrogatorios a empleados y amenazas de sanciones. También se indicó que algunos trabajadores manifestaban temor ante posibles reacciones del magistrado.
El juicio político tiene como único objetivo determinar si corresponde la destitución de Díaz Lacava. En paralelo, el juez enfrenta una causa penal que ya fue elevada a juicio oral y que incluye acusaciones por cuatro hechos de amenazas y lesiones, abuso de autoridad, desobediencia a una orden judicial y retardo malicioso de justicia.
Como consecuencia de esas actuaciones, Díaz Lacava tiene prohibido ingresar al tribunal y mantener contacto con los empleados.
Durante la audiencia inicial, los fiscales Diego Barroetaveña y Álvaro González anticiparon que pedirán la destitución del magistrado. La acusación sostiene que el caso excede un conflicto laboral y que los hechos denunciados deben ser analizados en relación con el ejercicio de la función judicial y un posible abuso de poder.
La defensa de Díaz Lacava, encabezada por Andrés Gil Domínguez, rechazó las acusaciones y cuestionó los argumentos utilizados para sostener el proceso de destitución. También relativizó la gravedad del episodio de la piedra y sostuvo que no se acreditó la existencia de daños.
Ante el Jurado, Díaz Lacava manifestó su intención de declarar y brindar su versión sobre las acusaciones que enfrenta desde hace más de tres años. Sin embargo, decidió postergar su testimonio hasta conocer las pruebas y escuchar a los testigos que declararán durante las próximas jornadas.
Las audiencias continuarán con la declaración de distintos testigos. El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, la abogada Ana Fernández, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Zulli, y las senadoras María Florencia López y María Montes de Oca.
Para disponer la destitución de un magistrado se necesitan cinco votos sobre los siete integrantes del Jurado. Si no se alcanza esa mayoría, el proceso concluye y el juez debe ser restituido en su cargo.
En paralelo, existen otros dos procesos de juicio político contra magistrados federales. Uno corresponde al juez federal de Mar del Plata Alfredo López, quien enfrenta acusaciones relacionadas con la publicación de mensajes considerados antisemitas y discriminatorios. La Fiscalía también solicitó su destitución y el veredicto está previsto para el próximo martes.
El otro proceso corresponde al juez federal de Rosario Gastón Salmain, acusado de haber solicitado un soborno a cambio de favorecer mediante una resolución judicial a una empresa en un caso relacionado con el régimen cambiario. El inicio de ese juicio político todavía no tiene fecha definida.
Tanto López como Salmain se encuentran suspendidos de sus funciones. Además, Salmain enfrenta una causa penal en la que permanece procesado.
