Desde el Ejecutivo negaron que la iniciativa haya sido descartada, aunque reconocieron que no está prevista para el corto plazo y que el contenido será dividido en distintos proyectos según las posibilidades de avance parlamentario.
El paquete se encuentra en revisión y será analizado antes de su incorporación a la agenda legislativa. En el Gobierno sostienen que la iniciativa continuará su camino, aunque todos los proyectos deberán pasar previamente por la mesa política para definir su oportunidad y alcance.
La estrategia oficial apunta en una primera etapa a concentrar las negociaciones en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los cambios vinculados a Inocencia Fiscal, la Ley de Propiedad Privada, la reforma electoral y el Super-RIGI.
El objetivo es avanzar primero con esas iniciativas y evitar abrir nuevos frentes de discusión con gobernadores y sectores legislativos dispuestos al diálogo. Una vez concluida esa instancia, el Ejecutivo prevé avanzar con una segunda etapa que incluiría el paquete de desregulación, el denominado grillete fiscal, el Presupuesto 2027 y reformas en seguros, mercado inmobiliario y mercado de capitales.
El orden de presentación podría modificarse según el resultado de las votaciones y el avance de las negociaciones políticas.
Dentro de esa segunda fase, el Gobierno considera prioritaria la reforma del mercado de seguros. La propuesta busca que las compañías puedan diseñar nuevos productos sin autorización previa, mientras que el organismo regulador tendría como principales funciones el control de solvencia y la prevención de fraudes.
También se analizan modificaciones en el corretaje inmobiliario y en el mercado de capitales. La intención oficial es vincular estos cambios con el régimen de Inocencia Fiscal para promover que parte de los ahorros no declarados puedan orientarse hacia instrumentos financieros destinados a la inversión productiva.
En el sector inmobiliario, la propuesta contempla reducir requisitos nacionales para el ejercicio de la actividad, habilitar la participación de personas físicas y jurídicas y permitir el uso de plataformas digitales. Además, plantea limitar restricciones sobre comisiones y condiciones de competencia.
El borrador general de la iniciativa incluye modificaciones en distintas áreas, entre ellas farmacias, gas licuado de petróleo, traducciones públicas, actividades agropecuarias, cabotaje e instrumentos financieros. En el caso del mercado de capitales, se prevén cambios para simplificar trámites, incorporar herramientas tecnológicas, facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas y promover la inversión.
La decisión del Ejecutivo es evitar el envío de un único proyecto de gran extensión. Según la estrategia oficial, una iniciativa demasiado amplia podría dificultar la aprobación de capítulos con mayor consenso y multiplicar las negociaciones con distintos sectores.
El cambio de enfoque tomó impulso luego de las dificultades registradas durante el debate del capítulo vinculado a la extranjerización de tierras dentro del proyecto de Ley de Propiedad Privada. La falta de respaldo de algunos sectores aliados llevó al Gobierno a revisar la forma de presentar futuras reformas.
Dentro de la administración nacional también reconocen la necesidad de mejorar la coordinación entre las áreas técnicas y políticas, tanto para los proyectos de ley como para las medidas implementadas mediante decretos.
En ese marco, el Ejecutivo busca que las iniciativas consideradas sensibles sean revisadas previamente por la mesa política antes de su presentación, con el objetivo de ordenar las negociaciones y evitar conflictos que puedan afectar reformas prioritarias.
Entre los antecedentes que analiza el Gobierno aparecen las dificultades surgidas con la apertura del cabotaje y la suspensión de una norma vinculada al practicaje, luego de conflictos en el sector portuario.
Además, continúan las diferencias internas dentro del oficialismo en torno a la elaboración y negociación de los proyectos. La discusión gira alrededor de la coordinación entre las áreas encargadas del diseño técnico de las reformas y los sectores políticos responsables de su tratamiento legislativo.
La mesa política tendrá ahora la tarea de ordenar el cronograma de iniciativas, definir qué proyectos tienen mayor viabilidad y establecer cuándo será el momento adecuado para abrir nuevas negociaciones en el Congreso.
