Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola se presentarán ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, en busca del dictamen necesario para que sus nominaciones puedan llegar al recinto. Por el momento, no hay una fecha definida para el tratamiento de los pliegos.
El trámite no aparece, en principio, como un obstáculo para el oficialismo. La comisión está integrada por 17 senadores y, bajo la presidencia del libertario Juan Carlos Pagotto, La Libertad Avanza y sus aliados cuentan con una mayoría que permitiría avanzar con las postulaciones.
La relevancia política de ambos nombres, sin embargo, excede el funcionamiento de la comisión. Los tribunales para los que fueron propuestos tienen competencia sobre investigaciones vinculadas con corrupción, delitos económicos, lavado de activos y crimen organizado. Entre esas causas se encuentran expedientes que alcanzan al Gobierno nacional y que podrían adquirir mayor importancia en los próximos meses.
Uno de los principales focos está puesto en la investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que involucró directamente al Presidente después de que promocionara el token en febrero de 2025. La fuerte caída posterior del activo provocó pérdidas millonarias entre inversores y derivó en distintas investigaciones judiciales.
La cámara de la que podrían formar parte Bertuzzi y Yadarola deberá revisar, entre otras cuestiones, una decisión adoptada por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien excluyó a los querellantes de la causa que investiga el criptoescándalo.
El otro expediente de particular sensibilidad política está relacionado con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una investigación que alcanzó al entorno de la administración nacional y que tiene implicancias para funcionarios cercanos al Presidente y a su hermana Karina Milei.
En ese contexto, las nominaciones adquieren una dimensión que excede la renovación de cargos judiciales. La definición del Senado puede modificar la composición de tribunales que tendrán bajo su órbita expedientes capaces de generar consecuencias políticas para el oficialismo.
Bertuzzi llega a la audiencia con una trayectoria que ya provocó fuertes cuestionamientos del kirchnerismo. El juez fue trasladado durante el gobierno de Mauricio Macri y participó posteriormente en decisiones judiciales de alto impacto político, entre ellas el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa de los Cuadernos.
En 2020, la Corte Suprema declaró inconstitucional el mecanismo mediante el cual Bertuzzi y otros magistrados habían sido trasladados, aunque permitió que permanecieran provisoriamente en sus cargos hasta que se realizaran nuevos concursos para cubrir las vacantes de manera definitiva.
El Gobierno abrió posteriormente esos concursos y Bertuzzi se presentó para competir por el cargo que actualmente ocupa. Su desempeño en el proceso también fue cuestionado por el kirchnerismo: según sus críticos, había quedado inicialmente en el puesto 21, pero ascendió al sexto lugar después de la entrevista personal realizada por el Consejo de la Magistratura.
El juez terminó incorporándose a la terna de candidatos y ahora deberá obtener el respaldo político del Senado para permanecer definitivamente en el tribunal.
El caso de Leopoldo Bruglia, otro de los jueces alcanzados por el proceso de revisión de traslados, tuvo un recorrido diferente. Bruglia recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitó una medida cautelar para frenar el concurso que podría modificar su situación.
Yadarola, en tanto, llega a la audiencia desde el fuero Penal Económico. Es considerado cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y quedó incluido en la primera terna elaborada para cubrir las dos vacantes existentes en la cámara.
La audiencia del miércoles será parte de una agenda más amplia de la Comisión de Acuerdos. Ese día serán evaluados 16 candidatos entre jueces, fiscales y defensores, mientras que el jueves se presentarán otros 13 postulantes.
La semana pasada, la comisión ya había avanzado con otros 25 pliegos. Entre ellos estuvo el de Agustín Rubiero, actual fiscal adjunto del fuero laboral porteño, quien defendió su candidatura para integrar la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones.
Desde el inicio de la administración de Milei, el Senado aprobó 170 pliegos judiciales. Entre las designaciones se encuentra la prórroga por cinco años del mandato de Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, pese a haber alcanzado los 75 años, límite establecido para ejercer la magistratura.
El proceso que comienza esta semana vuelve a poner en primer plano la relación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia. Para el Gobierno, avanzar con sus candidatos significa completar la cobertura de vacantes y consolidar su esquema judicial. Para la oposición, en cambio, algunas de estas designaciones adquieren una importancia adicional porque los magistrados podrían terminar interviniendo en investigaciones que comprometen al propio oficialismo.
Por eso, las audiencias de Bertuzzi y Yadarola serán seguidas con especial atención. Más allá del trámite formal de sus pliegos, el Senado estará definiendo quiénes ocuparán lugares estratégicos en tribunales que tendrán la última palabra sobre algunas de las causas judiciales más sensibles de la gestión de Milei.
