Entre las principales dificultades señalaron el deterioro de las rutas, la falta de alternativas ferroviarias, los elevados costos logísticos y una red de transporte que, según plantearon, no acompañó el crecimiento de la producción agropecuaria.
El reclamo fue planteado durante distintas actividades realizadas en el interior del país, donde representantes del sector remarcaron que el desarrollo de la producción ya no depende únicamente de las condiciones tributarias o del acceso a nuevos mercados, sino también de las inversiones necesarias para trasladar la producción de manera más eficiente y a menores costos.
En ese sentido, destacaron que Argentina cuenta con un importante potencial productivo, pero consideraron que su crecimiento estará condicionado si no se concretan obras estratégicas en las distintas regiones.
Uno de los principales pedidos está relacionado con la infraestructura vial. El sector respaldó el proceso de licitación de rutas nacionales y reclamó un programa sostenido de inversiones para recuperar una red por la que actualmente se transporta más del 90% de la producción agropecuaria del país.
También se planteó la necesidad de modernizar el Belgrano Cargas y avanzar en una Hidrovía más competitiva y eficiente. Según el planteo del sector, ambas herramientas permitirían reducir los costos de transporte, fortalecer las economías regionales y mejorar la capacidad exportadora.
En paralelo, se cuestionó el nivel de ejecución de los recursos destinados a infraestructura vial. Según los datos mencionados, el Gobierno recaudó $1,5 billones destinados a rutas y obras viales, aunque solo una parte de esos fondos fue ejecutada. Más de $1 billón permanecía colocado en inversiones financieras, entre plazos fijos y títulos públicos.
Desde el sector rural sostuvieron que la infraestructura resulta determinante para el desarrollo del interior y plantearon que las provincias necesitan mejores condiciones de conectividad para incrementar la producción, generar empleo y aprovechar su capacidad productiva.
La apertura de nuevos mercados también fue valorada de manera positiva, especialmente la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y los avances comerciales con Estados Unidos. Sin embargo, se reclamó que estas iniciativas se transformen en políticas de Estado sostenidas en el tiempo para fortalecer las exportaciones argentinas.
En materia tributaria, uno de los principales pedidos continúa siendo la eliminación definitiva de los Derechos de Exportación (DEX) mediante una ley. Sin embargo, desde el sector señalaron que las retenciones no representan la única carga que afecta la competitividad.
También se cuestionó el peso de Ingresos Brutos en las distintas provincias y el impacto de determinadas tasas municipales sobre la producción. Según el planteo, en algunos casos la carga provincial puede alcanzar o incluso superar el peso de los derechos de exportación, mientras que existen tasas municipales aplicadas sobre servicios que, según señalaron, no siempre se prestan.
La situación de las economías regionales ocupa otro lugar central dentro de los reclamos. Los problemas de infraestructura y los costos de transporte afectan la rentabilidad de distintas actividades productivas y se combinan con la presión tributaria, las dificultades para acceder al financiamiento y la falta de políticas públicas sostenidas.
Desde el sector agropecuario también se reclamó una política federal que contemple las diferencias entre las distintas regiones y permita reducir las asimetrías existentes entre provincias.
Otro de los planteos estuvo relacionado con la modernización de organismos públicos vinculados con la actividad agropecuaria, entre ellos el Senasa, el INTA y el Inase. El sector expresó su respaldo a los procesos de actualización, aunque remarcó la necesidad de preservar sus funciones vinculadas con la sanidad animal y vegetal, la innovación tecnológica y el desarrollo de herramientas para la producción.
La reducción de la carga tributaria volvió a aparecer entre las principales demandas. Desde el sector se sostuvo que avanzar en la eliminación de impuestos permitiría generar incentivos para nuevas inversiones, aumentar la producción y favorecer la creación de empleo en las economías del interior.
También se planteó la necesidad de establecer un espacio permanente de diálogo entre Nación, provincias, municipios y representantes del sector productivo para incorporar la perspectiva agropecuaria en la elaboración de políticas públicas.
El reclamo apunta a contar con reglas claras y condiciones que permitan producir de manera competitiva, con especial atención sobre las economías regionales y la infraestructura necesaria para trasladar la producción hacia los principales mercados.
En este contexto, desde el sector agropecuario también se convocó a los productores a participar activamente en las organizaciones representativas y a involucrarse en la discusión de políticas destinadas a mejorar las condiciones productivas del interior del país.
