La decisión quedó formalizada mediante la Acordada 18/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Según detalló el tribunal, la elaboración del presupuesto se realizó bajo criterios de “prudencia y moderación”, con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal y contemplando únicamente aquellos gastos considerados indispensables para garantizar el adecuado funcionamiento del servicio de justicia. No obstante, indicó que los montos establecidos por la Subsecretaría de Presupuesto no resultan suficientes para responder a esas necesidades.
Del total solicitado, $401.735 millones estarán destinados a gastos de personal, $45.205 millones a bienes de uso, $40.527 millones a servicios no personales y $7.581 millones a bienes de consumo.
Para 2027, la Corte prevé contar con una planta permanente de 4.732 cargos. De ese total, 4.091 serán financiados con recursos propios del tribunal, mientras que 641 serán cubiertos con fondos del Tesoro Nacional correspondientes a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO).
Además, el tribunal aprobó un Plan de Obras destinado a avanzar con tareas de infraestructura y modernización de sus instalaciones. Entre los proyectos previstos figura la adecuación y refuncionalización del inmueble ubicado en Rivadavia 763/771, con una inversión estimada de $5.125 millones.
El programa también contempla la restauración de fachadas y núcleos de escaleras del Palacio de Justicia, la actualización de instalaciones eléctricas y sanitarias, y la implementación progresiva de un nuevo sistema central de aire acondicionado.
Asimismo, se incluyen tareas de preservación y adecuación del Palacio de Justicia, declarado monumento histórico nacional, junto con obras en la sede de la DAJUDECO que abarcan mejoras en sanitarios, instalación de gas, remodelación de oficinas y actualización de sistemas eléctricos.
Por otra parte, la Corte reiteró el pedido para incorporar al presupuesto los remanentes de recursos de ejercicios anteriores y los aportes establecidos en la Ley 23.853. El tribunal sostuvo que esos fondos son necesarios para mantener la autonomía financiera del Poder Judicial y garantizar el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
Finalmente, aclaró que presentó exclusivamente sus propias previsiones presupuestarias debido a que el Consejo de la Magistratura todavía no aprobó el presupuesto correspondiente a ese organismo.
