A los reclamos de afiliados por dificultades en la atención, problemas en las prestaciones y demoras en el acceso a medicamentos se sumaron cuestionamientos de intendentes bonaerenses y prestadores de salud, quienes advierten que la situación financiera de la obra social provincial afecta el funcionamiento del sistema sanitario, especialmente en distintas localidades del interior.
Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con las demoras en los pagos que IOMA mantiene con hospitales municipales y establecimientos privados de salud.
Distintos jefes comunales señalaron que la acumulación de deuda y la actualización insuficiente de los aranceles obligan a los municipios a utilizar recursos propios para cubrir una parte cada vez mayor de los costos de atención de los afiliados. La situación genera mayor impacto en los hospitales públicos, que continúan brindando asistencia pese a las dificultades económicas.
El diputado provincial Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, sostuvo que el problema dejó de ser una cuestión administrativa y pasó a representar una situación estructural dentro del sistema de salud bonaerense. Según explicó, incluso ante una eventual cancelación de las obligaciones pendientes, los valores reconocidos por las prestaciones continuarían por debajo de los costos reales, generando un déficit sostenido para los prestadores sanitarios.
La preocupación también alcanza a distintos municipios, incluidos algunos administrados por sectores vinculados al oficialismo, debido al impacto que la situación de IOMA genera sobre las finanzas locales. La falta de recursos suficientes lleva a las comunas a destinar fondos propios para sostener servicios que corresponden a la cobertura de la obra social provincial.
En paralelo, sectores opositores avanzaron con distintos planteos en la Legislatura bonaerense, donde se presentaron pedidos de informes, iniciativas para declarar la emergencia de IOMA, propuestas para conformar una comisión bicameral de seguimiento y pedidos de explicaciones al presidente del organismo, Homero Giles, y al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
El objetivo de estas acciones es conocer el estado financiero de la entidad y las medidas previstas por el gobierno provincial para revertir la situación.
A los problemas vinculados con la atención se sumaron denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas que, de comprobarse, podrían profundizar las dificultades de la obra social. Desde sectores opositores señalan que la combinación de problemas estructurales, retrasos en los pagos y cuestionamientos sobre la administración de los recursos configura un escenario crítico para una institución que brinda cobertura a más de dos millones de bonaerenses.
En este contexto, las críticas se concentran sobre la gestión de Axel Kicillof, con cuestionamientos vinculados a la falta de respuestas frente al deterioro de IOMA y a la ausencia de un plan de recuperación que permita recomponer la situación entre afiliados, prestadores y municipios.
Mientras aumentan los reclamos y crece la presión política en la Legislatura provincial, el gobierno bonaerense enfrenta el desafío de abordar una problemática que excede a la obra social y que impacta sobre el sistema de salud de la provincia.
