La medida de fuerza se desarrolló en el marco de una protesta de alcance federal, con reclamos por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la reapertura de la paritaria nacional y mayor financiamiento educativo. En la provincia, los trabajadores incorporaron demandas vinculadas a la situación salarial y laboral del sistema educativo local.
Desde un sindicato docente provincial indicaron que habían presentado una solicitud formal al gobernador Insfrán para pedir un incremento salarial correspondiente al segundo semestre y la apertura de una negociación paritaria provincial. Según señalaron, hasta comienzos de agosto no habían recibido una respuesta oficial.
La organización gremial sostuvo que los docentes acumulan una pérdida superior al 30% de su poder adquisitivo durante 2026. Ese porcentaje no fue confirmado ni rechazado públicamente por el Gobierno provincial, que tampoco presentó un informe salarial detallado que permita evaluar la evolución de los ingresos mes a mes.
Entre los reclamos planteados figuran la incorporación de mecanismos de actualización periódica, la aplicación del Estatuto Docente provincial, la realización de concursos de antecedentes y oposición y la normalización de la Junta de Clasificación y Disciplina.
Otra organización del sector educativo planteó un reclamo salarial más amplio y solicitó que el ingreso mínimo docente alcance los $3 millones, además de un esquema destinado a reducir el nivel de endeudamiento de los trabajadores.
Desde esa agrupación señalaron que muchos docentes atraviesan una situación económica compleja y mencionaron como ejemplos gastos vinculados al alquiler, los servicios públicos y las obligaciones familiares. También cuestionaron que el personal deba utilizar herramientas digitales para tareas administrativas y de seguimiento escolar sin contar, según indicaron, con dispositivos tecnológicos provistos por el Estado.
Los valores mencionados corresponden a ejemplos expuestos por la organización gremial y no constituyen un relevamiento oficial sobre la situación económica de todos los docentes. Sin embargo, el reclamo por una respuesta a la solicitud salarial presentada por el sector continúa sin una definición pública del Ejecutivo provincial.
La jornada de protesta también reflejó diferencias dentro del ámbito sindical. Mientras algunos representantes gremiales señalaron que la adhesión estuvo vinculada principalmente al reclamo contra las políticas nacionales, otros sectores cuestionaron el accionar de determinadas estructuras educativas y plantearon diferencias respecto del acompañamiento a medidas de protesta dentro de la provincia.
En paralelo, la Agencia Territorial Formosa del Ministerio de Capital Humano realizó un relevamiento en ocho establecimientos educativos para verificar el cumplimiento de la actividad requerida por la Ley 27.802. El operativo no incluyó la identificación de docentes y no difundió cifras sobre adhesión.
Durante la jornada, tampoco se difundió desde la provincia un informe oficial sobre la cantidad de escuelas en funcionamiento, el nivel de acatamiento del paro o la cantidad de estudiantes afectados por la medida.
Los gremios analizan la posibilidad de realizar un nuevo paro provincial el próximo 6 de agosto. La respuesta del gobierno provincial ante los reclamos salariales y laborales será determinante para definir los próximos pasos de las organizaciones docentes.
