La adopción del Convenio de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, en 2011 (núm. 189), representó un momento histórico al aceptar que el trabajo doméstico es una forma legítima de empleo, reconociendo así que quienes lo realizan tienen derecho a las mismas protecciones y derechos que cualquier otro grupo laboral.
Las trabajadoras y los trabajadores domésticos desempeñan funciones esenciales para el sostenimiento de familias, sociedades y economías. Se encargan de la limpieza de hogares, la preparación de alimentos, el cuidado de viviendas y jardines, y también ofrecen atención a niños, personas mayores y personas con discapacidad.
En América Latina y el Caribe, aproximadamente 13,5 millones de trabajadores domésticos son mujeres, lo que constituye cerca del 90 por ciento del sector. A pesar de su importancia, se enfrentan a una realidad caracterizada por la informalidad, con un acceso limitado a derechos laborales y protección social, además de contar con escasa representación.
A quince años de la adopción del Convenio número 189, varios países han progresado en la ampliación de la protección laboral para este colectivo. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para asegurar la aplicación efectiva de estos derechos. En 2021, el número de trabajadores domésticos cubiertos por la legislación laboral a nivel global había aumentado en 15 puntos porcentuales, pero en la región, solo una de cada cinco trabajadoras estaba protegida por la seguridad social, mientras que cerca de ocho de cada diez permanecían en la informalidad.
La alta tasa de informalidad en el sector las hace vulnerables a riesgos relacionados con accidentes y enfermedades laborales, así como a una mayor inestabilidad económica en la vejez.
Para las trabajadoras domésticas migrantes, estas dificultades suelen intensificarse por normativas migratorias restrictivas, altos costos y comisiones de contratación, falta de reconocimiento de habilidades, dependencia de los empleadores y temor a la pérdida de su estatus migratorio regular.
Actualmente, la necesidad de proteger a las trabajadoras domésticas es más apremiante que nunca. El futuro de este sector en América Latina y el Caribe se verá influenciado por el envejecimiento de la población, la expansión de los sistemas de cuidados, la mayor participación de mujeres en el mercado laboral, las dinámicas migratorias, la digitalización y los efectos del cambio climático. Juntas, estas tendencias aumentarán la demanda de servicios de cuidado y subrayarán la necesidad de profesionalizar, formalizar y proteger el trabajo doméstico remunerado.
A pesar de los logros alcanzados, el desafío ahora es cómo acelerar este proceso en los próximos quince años para asegurar una protección efectiva para todos los trabajadores del hogar.
Afortunadamente, el movimiento a favor de los derechos de trabajadoras y trabajadores domésticos es hoy más robusto que hace quince años.
En la actualidad, la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar agrupa a 94 organizaciones en 71 países, representando a más de 676.000 trabajadores en todo el mundo.
Además, en América Latina y el Caribe se ha observado un fortalecimiento constante de las organizaciones de trabajadoras del hogar. Su influencia ha sido clave para impulsar reformas legislativas, promover la ratificación del Convenio número 190 sobre violencia y acoso, y defender los derechos laborales del sector. También han jugado un papel crucial en el reconocimiento del trabajo doméstico como un componente esencial de los sistemas y políticas de cuidado que están avanzando en varios países de la región.
Con el ritmo actual de cambio, se estima que se necesitarían aún 85 años para garantizar la protección de todos los trabajadores domésticos, un tiempo excesivo.
Es imperativo asegurar que quienes sustentan el bienestar de tantas personas y de nuestras sociedades dispongan de derechos, trabajo decente y justicia social.
