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Una histórica empresa de bebidas se acogió a concurso preventivo debido a la disminución del consumo

2 julio, 2026
in Economía
Una histórica empresa de bebidas se acogió a concurso preventivo debido a la disminución del consumo
Frutafiel, una compañía de bebidas con sede en Entre Ríos que cuenta con más de 70 años de experiencia, solicitó su ingreso a concurso preventivo ante la Justicia en Paraná, argumentando que sus costos operativos y financieros superaron los ingresos en los primeros meses de 2026. Con su planta localizada en General Ramírez, en el departamento de Diamante, la empresa expuso en su presentación judicial una serie de factores que llevaron a su situación de insolvencia entre marzo y abril de este año.

En el documento presentado, Frutafiel expuso un análisis de las causas de su crisis. La compañía subrayó que “el proceso inflacionario posterior a la pandemia erosionó el poder adquisitivo de los consumidores y elevó simultáneamente los costos de insumos y transporte”. Además, indicaron que no pudieron trasladar estos aumentos al precio final de sus productos sin perder competitividad, lo que repercutió negativamente en sus márgenes de rentabilidad. A este panorama se sumó la disminución del consumo de productos no esenciales, en el que se enfoca su producción, que incluye aguas saborizadas, cerveza, una bebida creada a partir de vino y gaseosas, así como la línea Aqualoe, que ofrece agua con pulpa de aloe vera.

Por otro lado, el incremento en los costos de energía y combustibles fue señalado como otra de las causas de su situación crítica. Según la presentación judicial a la que se tuvo acceso, los insumos relacionados con el petróleo constituyen hasta el 95% del costo final en algunas de sus líneas de producción. A su vez, el acceso al crédito bancario se tornó “inviable ante las tasas de interés que regían en el mercado”, y el descuento de valores de terceros generó pérdidas adicionales.

El informe también menciona que la firma intentó compensar la caída en las ventas mediante promociones en supermercados y cadenas de distribución, aunque los descuentos ofrecidos resultaron en márgenes de utilidad casi inexistentes. Además, la morosidad de algunos clientes —en ciertos casos, con imposibilidad de cobro— complicó aún más la situación financiera.

Para mantener la operativa, el presidente de la empresa y principal accionista decidió vender un inmueble y reinvertir esos fondos en la compañía. Esta inyección de capital permitió el lanzamiento de una nueva línea de cerveza bajo la marca Golden Saft, que salió al mercado a principios de 2025. Aunque el producto tuvo una buena recepción inicial, se encontró con dos obstáculos: el proveedor de cerveza a granel no cumplió con los volúmenes acordados y la competencia imitando rápidamente el concepto. Asimismo, la firma introdujo un vino con jugo, que junto a la cerveza, actualmente representa el 30% de su facturación total.

Fundada en 1956, Frutafiel también produce fideos secos y dulces de membrillo y batata, y es uno de los principales empleadores de General Ramírez, una localidad de poco más de 13.000 habitantes. La empresa reportó un activo total de $4.016.951.403 —compuesto por un activo corriente de $1.313.082.606 y uno no corriente de $2.703.868.796— frente a un pasivo de $3.818.314.937, lo que deja un patrimonio neto positivo de solo $198.636.466, equivalente a menos del 5% del activo total. Según registros del Banco Central, la empresa cuenta con 387 cheques rechazados por un total de $1.085.442.794.

Frutafiel indicó en su presentación que la cesación de pagos ocurrió entre marzo y abril de 2026: a finales de marzo dejó de cumplir con los planes de facilidades de pago con ARCA y el 21 de abril comenzaron los rechazos de cheques. Sin embargo, la firma aseguró que su actividad “es viable, siendo rentable en el mediano y largo plazo” y que “el concurso preventivo producirá el desahogo financiero” que le permitirá destinar recursos a la producción y cumplir con sus obligaciones pendientes.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9 de Paraná, bajo la conducción del juez Ángel Luis Moia, dio inicio al proceso el 10 de junio, a partir de una solicitud presentada el 22 de mayo. El magistrado impuso la inhibición general de bienes de la empresa, lo que le prohíbe vender o transferir activos sin autorización judicial, y designó al Estudio Cerini-Cerini-Chiara como sindicatura.

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