La propuesta, que se denomina formalmente Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses, busca -según declaraciones oficiales- regular la influencia de distintos actores sobre las decisiones tanto gubernamentales como legislativas, con el objetivo de promover un Estado “sin arbitrariedad ni privilegios, con mayor participación” y establecer reglas claras que mejoren la calidad institucional en Argentina.
Sin embargo, organizaciones como el Foro de Periodismo Argentino, Fundar, Poder Ciudadano y Amnistía Internacional, entre otras, han expresado reparos al respecto, describiendo el proyecto como una ley de participación vigilada.
En el documento publicado, al que tuvo acceso la prensa, advierten que la aprobación del texto tal como lo ha presentado el Poder Ejecutivo podría incrementar la supervisión estatal, especialmente en relación con entidades críticas del Gobierno, lo cual podría poner en riesgo la libertad de expresión.
Las organizaciones disidentes sostienen que esta ley derivará en que actividades habituales en una democracia, como reunirse con legisladores, promover reformas o participar en debates públicos, estén sujetas a “supervisión estatal permanente”.
Asimismo, critican la exigencia de inscripción previa y la presentación de reportes periódicos, así como las potenciales sanciones administrativas o penales que establece el proyecto. Consideran que estas medidas generarán barreras burocráticas significativas, especialmente para organizaciones más pequeñas o con menos recursos, lo que incrementará los costos administrativos y la necesidad de asesoramiento legal. En este sentido, aducen que la equiparación entre entidades de distintos tamaños es “jurídicamente incorrecta y políticamente riesgosa”.
Con la misma lógica, apuntan que las multas por infracciones pueden ser “insignificantes” para empresas internacionales, pero “imposibles de afrontar” para ONGs locales, denunciando de esta manera una “asimetría en la severidad”.
Además, las organizaciones manifiestan que el proyecto equipara la “participación social” en la formulación de políticas públicas con el lobby comercial.
“Debería ser visto con extrema sospecha cualquier proyecto que, incluso con fines legítimos, implique una restricción ilegítima de derechos”, afirman, señalando que la “falta de independencia” de la autoridad de aplicación y la amplitud de ciertos conceptos sujetos a reglamentación posterior pueden acarrear
