El encuentro tuvo lugar en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y fue liderado por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, acompañado por Sergio Iraeta, titular del ministerio agropecuario, y Martín Formulari, presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase).
Entre los presentes figuraron delegados de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, CREA, Aapresid y otros representantes del sector semillero.
Tras diversas reuniones en las que el sector agropecuario había propuesto una nueva ley, mientras la industria semillera abogaba por la adopción del tratado internacional UPOV 91, el Gobierno presentó su propuesta que busca “fortalecer el control sobre semillas”, enfatizando que “no modifica la ley de fondo, sino que propone herramientas para hacerla efectiva”.
Según lo informado por el Ministerio de Desregulación, uno de los aspectos más destacados del plan es el establecimiento de controles en los puntos de entrega inicial del grano, como acopios, plantas de procesamiento y puertos. “Este es el nodo más eficiente para el monitoreo, ya que concentra el flujo previo a su dispersión”, argumentaron desde el Gobierno.
También se contempla la integración con el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), lo que obligará a todos los establecimientos que actúen como puntos de entrega primaria a estar registrados en esta plataforma. “Esto permitirá articular el control de identidad varietal con la infraestructura de trazabilidad fiscal ya existente”, añadieron.
Otro aspecto notable es la incorporación del sector privado en el control. El esquema prevé la participación de Cámaras Arbitrales y entidades que hayan firmado convenios con el Inase o que estén habilitadas por esta entidad. Esto se enmarca en un modelo de colaboración público-privada que busca aprovechar la capacidad técnica e infraestructura del sector, sin sustituir el papel de la autoridad de aplicación.
Respecto a los métodos de identificación varietal, los análisis se llevarán a cabo utilizando procedimientos reconocidos por los organismos pertinentes, asegurando la conservación de muestras de respaldo. Los resultados “serán remitidos directamente a los titulares de las variedades inscriptas en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, quienes podrán, en caso de corresponder, efectuar denuncias ante el Inase, que dará curso a las acciones necesarias”.
