La jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15, Karina Andrade, explicó este viernes los motivos por los que ordenó la liberación de 114 manifestantes que habían sido detenidos durante los incidentes en las afueras del Congreso durante la marcha de los jubilados. La magistrada había sido muy cuestionada por el Gobierno, que incluso anticipó que la denunciaría ante el Consejo de la Magistratura.
“Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución nacional”, enfatizó la magistrada, que luego subrayó que “se tiene que entender que es una obligación para los jueces de turno tomar decisiones con los elementos que tienen al momento de resolver y se debe diferenciar la necesidad de una respuesta conforme a la Constitución de la expectativa lícita que tiene el Estado de investigar la comisión de hechos delictivos”.
En ese sentido, la magistrada reiteró los motivos que dio en su resolución del pasado miércoles por la noche, donde señalaba que no había recibido la información correspondiente sobre las razones por las que esas personas habían sido detenidas durante los incidentes ocurridos en las afueras del Congreso y la Plaza de Mayo.
“Yo tuve que advertir cuáles eran las personas que necesitaban una respuesta rápida, cuáles eran los derechos que se debían preservar y toda orden de libertad por supuesto queda supeditada a que no haya ningún impedimento legal”, explicó Andrade en diálogo con nuestra redacción y agregó: “No tenemos que olvidar que cualquier persona que tenga un pedido de captura no se ejecuta esa libertad. Pasó con una persona que tenía un pedido de captura desde Tucumán”.
En ese marco, la magistrada contó que en la noche del miércoles recibió el ingreso de “80 personas juntas” sin que le otorgaran ningún detalle sobre las detenciones. “Toda la información era ‘misma situación, mismo lugar’. Todos los delitos eran desobediencia o ataque a la autoridad. No recibí ningún acta”, sostuvo.
