Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti tomaron la decisión en línea con el dictamen del procurador general, Eduardo Casal. De esta manera, revocaron una resolución que había adoptado un año atrás la Cámara de Casación en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, que había aceptado un planteo de la defensa del expresidente para quedarse con el expediente.
La disputa judicial se originó a partir de una serie de presentaciones realizadas por Fernández para apartar a la Justicia federal de la investigación. Inicialmente, su defensa había solicitado que el caso pasara a los tribunales de San Isidro, bajo el argumento de que los hechos denunciados habrían ocurrido en la residencia presidencial de Olivos. Más adelante, impulsó su traslado al fuero penal porteño.
En paralelo, el expresidente presentó una denuncia en la Ciudad contra Yañez por supuesto “hostigamiento”, a partir de situaciones que, según sostuvo, habrían ocurrido mientras ella vivía en España junto con el hijo que tienen en común. En octubre de 2025, la Cámara de Casación porteña dispuso que el juez que intervenía en esa presentación solicitara a Ercolini que se apartara de la investigación por violencia de género y remitiera las actuaciones.
El conflicto de competencia llegó finalmente a la Corte Suprema, que resolvió que el expediente debe permanecer en el fuero federal. Actualmente, la causa está en manos de Rafecas, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal apartara al juez Julián Ercolini a raíz de un planteo de recusación presentado por Fernández. El exmandatario había argumentado que había mantenido una amistad con el magistrado y que posteriormente se había enemistado con él.
La investigación comenzó en agosto de 2024, después de que se difundieran conversaciones y fotografías encontradas en el teléfono de la secretaria del entonces presidente. El material había sido obtenido durante una pesquisa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros, en la que también estaban involucrados Fernández, su secretaria, el esposo de ella y varios empresarios.
Dos días después de que se conocieran esos intercambios, Yañez denunció a su expareja ante la Justicia federal. El expediente quedó inicialmente a cargo de Ercolini, con intervención del fiscal Ramiro González, y avanzó a partir de las acusaciones de abusos y lesiones formuladas por la denunciante.
En agosto de 2025, González firmó el pedido de elevación a juicio de la causa. Por eso, la decisión de la Corte representa un nuevo revés para Fernández en sus intentos de modificar el ámbito judicial en el que se tramita el expediente.
La resolución también vuelve a poner en primer plano la relación previa entre el expresidente y Rafecas. El magistrado llegó a Comodoro Py durante la presidencia de Néstor Kirchner, por recomendación de quien entonces era su jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Ambos se conocían de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, dirigida por Esteban Righi.
Años después, cuando Fernández llegó a la Presidencia, propuso a Rafecas para ocupar el cargo de procurador general de la Nación. Sin embargo, su pliego nunca fue tratado en el Senado. Pese a ese vínculo previo, el juez no se excusó de intervenir en la investigación contra el exmandatario y los tribunales superiores tampoco dispusieron su apartamiento.
En paralelo, esta semana se conoció que el Gobierno postuló a Rafecas para integrar la Cámara de Casación porteña. Mientras tanto, el magistrado continúa subrogando el juzgado federal número 10, donde deberá seguir adelante la causa iniciada por Yañez.
