Este miércoles se realizará una reunión de Labor Parlamentaria en el Senado para definir si el jueves se debatirán tres iniciativas: la reforma de la Ley de Salud Mental, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y el Mercado Voluntario de Carbono. La convocatoria representa una prueba para Patricia Bullrich, que busca reunir los consensos necesarios para reactivar la actividad legislativa después de varias semanas de negociaciones.
La prioridad del Gobierno, sin embargo, continúa siendo el Presupuesto 2027. El oficialismo pretende obtener dictamen en Diputados y llevar el proyecto al recinto el próximo 18 de noviembre. Para conseguirlo, mantiene conversaciones con el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales, mientras Diego Santilli negocia con los gobernadores para sumar respaldos.
Las tratativas no se limitan a reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa. Los bloques aliados reclaman modificaciones vinculadas con discapacidad, universidades, asignaciones sociales y obras públicas. A su vez, los gobernadores buscan incorporar recursos para rutas, obras paralizadas y sistemas previsionales provinciales.
Frente a esos pedidos, el Gobierno sostiene que cualquier modificación debe respetar el equilibrio fiscal y el objetivo de mantener el superávit primario. La discusión presupuestaria se convirtió así en uno de los principales espacios de negociación entre la Casa Rosada y los sectores políticos que podrían acompañar el proyecto.
El Presupuesto 2027 tiene además una relevancia política particular, ya que será el segundo de la gestión de Javier Milei y establecerá el marco fiscal para un año electoral. Presentado ante el Congreso en septiembre, el proyecto concentra buena parte de las conversaciones que el oficialismo mantiene en la Cámara baja.
El otro eje de la agenda es la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo, que propone eliminar las PASO para las elecciones de 2027 e introducir modificaciones en el régimen de partidos políticos y en otras normas electorales, incluida la implementación de la Boleta Única.
El principal obstáculo está en el Senado, donde la iniciativa necesita al menos 37 votos. La Libertad Avanza cuenta con 21 legisladores propios y debe conseguir el respaldo de la UCR, el PRO, los bloques provinciales y otras fuerzas para alcanzar la mayoría necesaria.
Ante la falta de acuerdos, el debate quedó en suspenso. El Gobierno decidió postergar una nueva convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales hasta contar con mayores garantías de apoyo. La intención de avanzar con un dictamen durante octubre quedó desplazada hacia noviembre, con la posibilidad de extender la actividad parlamentaria si fuera necesario.
Las negociaciones electorales también se vinculan con las conversaciones sobre recursos y proyectos de interés para las provincias. En ese escenario, el oficialismo intenta coordinar el debate sobre las PASO con las tratativas presupuestarias y los acuerdos políticos de cara a 2027.
Además de estos dos temas centrales, el Senado mantiene pendientes otras iniciativas. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes ya fue aprobado por Diputados con modificaciones y debe regresar a la Cámara alta para completar su trámite. La propuesta forma parte de los compromisos del Gobierno en materia de propiedad intelectual con Estados Unidos.
La reforma de la Ley de Salud Mental, por su parte, enfrenta diferencias relacionadas con el financiamiento y el alcance de los cambios. Entre los puntos planteados por el oficialismo figuran modificaciones al régimen de internaciones, nuevas herramientas para abordar las adicciones y disposiciones sobre directivas anticipadas, aunque todavía no se alcanzó el consenso necesario para avanzar.
También forman parte de la agenda el marco regulatorio de biocombustibles, que ya obtuvo dictamen en el Senado, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que el Gobierno busca tratar junto con otras iniciativas económicas. Su inclusión en el calendario dependerá de los acuerdos políticos y del tiempo disponible para las sesiones.
La lista de proyectos pendientes incluye, además, la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la desregulación del mercado de seguros y otras reformas económicas que el oficialismo pretende impulsar antes del cierre del año legislativo.
El período de sesiones ordinarias finaliza el 30 de noviembre, por lo que el Gobierno enfrenta un calendario ajustado para ordenar las prioridades y conseguir los respaldos necesarios. Con el Presupuesto 2027 como objetivo inmediato y la reforma electoral todavía sin los votos suficientes, el avance de los demás proyectos dependerá de la capacidad del oficialismo para destrabar las negociaciones en ambas cámaras.
