Uno de los principales puntos de tensión es el proyecto impulsado por el oficialismo para reforzar las herramientas legales contra las empresas que participen en la explotación de hidrocarburos en las islas, cuya actividad la Argentina considera ilegítima. Landau había expresado la preocupación estadounidense por el impacto que la iniciativa podría tener sobre compañías de ese país vinculadas con el sector energético. Sin embargo, desde el Gobierno argentino interpretaron que sus declaraciones no implicaron un condicionamiento formal y destacaron que también manifestó respeto por el proceso legislativo.
La iniciativa permanece trabada en el Congreso por las diferencias en torno a distintos artículos, en particular los relacionados con el alcance de las sanciones y las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional. El oficialismo se mostró dispuesto a revisar partes del proyecto para acercar posiciones con sectores de la oposición y bloques aliados, con la intención de avanzar en las próximas semanas, aunque todavía no hay una fecha definida para su tratamiento en el recinto.
Otra diferencia entre Buenos Aires y Washington surgió a partir de la propuesta estadounidense de disolver el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, un organismo en el que la Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre Malvinas. El Gobierno argentino se abstuvo en la votación y defendió la continuidad del espacio como una herramienta diplomática para reclamar la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido.
Desde la Cancillería sostienen que la posición argentina responde a una evaluación propia de sus intereses y no representa un cambio en el vínculo bilateral. El canciller también remarcó que el reclamo de soberanía no está sujeto a negociación y argumentó que una eventual eliminación del comité no modificaría los fundamentos jurídicos de la reivindicación argentina, aunque sí reduciría un ámbito de exposición internacional del conflicto.
En paralelo, el Gobierno analiza las alternativas jurídicas para cuestionar la explotación de hidrocarburos en las islas. Las evaluaciones diplomáticas indican que un eventual procedimiento ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar podría prolongarse durante años y que sus posibilidades dependerían del planteo jurídico. Si la controversia se presentara principalmente como una disputa territorial, el tribunal podría declararse incompetente; en cambio, un enfoque centrado en la protección de los recursos naturales y las obligaciones previstas en el derecho del mar podría abrir otra vía de análisis.
La reunión entre Milei y Landau también se producirá en un momento de negociaciones políticas internas para conseguir respaldo legislativo. En la última reunión de la mesa política del Gobierno se analizaron los acuerdos con gobernadores y aliados, las alternativas para impulsar la actividad económica y el margen para avanzar con proyectos que puedan tener impacto fiscal.
En ese escenario, Patricia Bullrich cuestionó ante Martín Menem las señales enviadas a los mandatarios provinciales, mientras que Karina Milei habilitó a Diego Santilli a acelerar las conversaciones con distintos espacios políticos. A su vez, referentes vinculados con el PRO plantearon la necesidad de mejorar los ingresos y estimular la actividad, posiciones que chocan con la resistencia del Presidente y del ministro de Economía, Luis Caputo, a adoptar medidas que puedan comprometer el equilibrio fiscal.
Las discusiones parlamentarias sobre discapacidad y la restitución de la ley de Tierras también reflejaron las dificultades del oficialismo para mantener su agenda sin negociar modificaciones. Las diferencias entre quienes priorizan ampliar las mayorías legislativas y quienes advierten sobre los riesgos de flexibilizar el programa económico condicionan la estrategia del Gobierno.
La visita de Landau será una instancia para abordar estas diferencias en un contexto en el que la Casa Rosada busca sostener su alineamiento político con Washington sin resignar su posición histórica sobre Malvinas. El desafío para la diplomacia argentina será preservar la cooperación bilateral y, al mismo tiempo, defender sus reclamos de soberanía y sus intereses sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.
