El proyecto fue promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y ya contaba con media sanción de la Cámara alta. Sin embargo, durante el tratamiento en Diputados se incorporaron cambios respecto de la versión original, entre ellos un artículo que restituye la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La normativa establece restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales, con un límite general del 15% de titularidad extranjera y condiciones específicas para su aplicación. La restitución representa una modificación respecto de la propuesta inicial del Ejecutivo, que buscaba eliminar esas limitaciones.
El artículo que restablece la ley obtuvo un respaldo considerablemente mayor que el proyecto en general: recibió 239 votos afirmativos, cuatro negativos y seis abstenciones. La incorporación fue resultado de negociaciones entre el oficialismo y distintos bloques, cuyos legisladores sostuvieron que mantener la normativa podía evitar nuevos conflictos institucionales y una eventual controversia por un veto presidencial.
El debate sobre la extranjerización de tierras ya había generado dificultades en el Senado. Durante esa instancia, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, retiró el capítulo que proponía eliminar las restricciones debido a la falta de apoyo suficiente. Finalmente, la iniciativa obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra.
En Diputados, la modificación también incluyó la derogación del apartado del DNU 70/2023 que había eliminado la Ley de Tierras. De esta manera, se incorporó al proyecto un mecanismo para restablecer expresamente la vigencia de la normativa de 2011.
Entre los diputados que rechazaron esa disposición estuvieron dos representantes tucumanos vinculados al gobernador Osvaldo Jaldo, el salteño Pablo Outes y la neuquina Karina Maureira. En tanto, se abstuvieron los cuatro integrantes del Frente de Izquierda, además de Marcela Pagano y Mónica Frade, de la Coalición Cívica.
El proyecto también contempla modificaciones en materia de expropiaciones. Durante el debate, el diputado oficialista Santiago Santurio explicó que uno de los objetivos es modificar los procedimientos para que las medidas estatales afecten lo menos posible el derecho de propiedad. El texto establece que la utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y contempla el reconocimiento del lucro cesante cuando sea una consecuencia directa e inmediata de la expropiación.
Además, incorpora un plazo máximo de 90 días para la ocupación temporánea anormal, una figura que permite al Estado utilizar determinados bienes en circunstancias específicas. En materia de desalojos, amplía la posibilidad de solicitar la restitución de un inmueble a quienes invoquen un derecho o interés legítimo afectado.
La iniciativa también prevé medidas para situaciones de vulnerabilidad. En los casos que involucren a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores, se establece un plazo de hasta diez días para ofrecer una solución habitacional transitoria, sin que ello implique necesariamente la interrupción del procedimiento judicial.
La restitución de la Ley de Tierras generó críticas de distintos sectores opositores, que señalaron un cambio de posición del oficialismo respecto de la propuesta original. El diputado de Unión por la Patria Diego Juliano cuestionó que el Gobierno terminara respaldando una normativa que inicialmente buscaba eliminar. Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que el proyecto original también contemplaba cambios en otras leyes vinculadas con la integración sociourbana y el manejo del fuego.
Paula Penacca, diputada de La Cámpora, también cuestionó que La Libertad Avanza apoyara la restitución de una ley que el Presidente había buscado derogar.
La discusión se produjo en un contexto de controversia judicial en torno al artículo del DNU 70/2023 que había eliminado la normativa sobre tierras rurales. Tras la intervención de la Corte Suprema, sectores opositores habían impulsado una sesión para avanzar en el rechazo del decreto y revertir esa derogación.
Finalmente, el oficialismo acordó con bloques aliados incorporar la restitución de la Ley de Tierras al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, lo que permitió trasladar la discusión al tratamiento de la iniciativa y desactivar aquella convocatoria opositora.
Ahora, el Senado deberá analizar los cambios aprobados por Diputados. Como la Cámara baja modificó un texto que ya contaba con media sanción, la iniciativa no puede pasar directamente al Poder Ejecutivo para su promulgación. La decisión de la Cámara alta será determinante para definir el futuro de la reforma.
