La postergación fue formalizada mediante el decreto 1.228, publicado en el Boletín Oficial. Entre los argumentos oficiales figuran las dificultades operativas para implementar el sistema a través de fondos comunes de inversión abiertos y fideicomisos financieros, los pedidos del sector y la necesidad de que los instrumentos acumulen un patrimonio inicial suficiente antes de comenzar a afrontar las obligaciones previstas.
Sin embargo, el cambio de fecha también tiene consecuencias fiscales. Como los FAL se financiarán con una parte de las contribuciones que actualmente reciben los organismos de la seguridad social, el retraso de un mes permitirá mantener durante ese período la recaudación plena de esos aportes. En un contexto de dificultades para cumplir con las previsiones de ingresos tributarios y alcanzar el superávit fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ese efecto adquiere relevancia en el corto plazo.
El esquema establece que los fondos se integrarán con el 1% de las remuneraciones en las grandes empresas y el 2,5% en las pequeñas y medianas empresas (pymes). Esos porcentajes se detraerán de las contribuciones destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La postergación no elimina ese mecanismo, sino que difiere su aplicación.
Otro de los cambios se relaciona con el momento en que los fondos podrán comenzar a vender los activos que integran sus carteras. La modificación de los plazos podría hacer que la primera posibilidad de disponer de esas inversiones quede ubicada después de las elecciones presidenciales de 2027, aunque ese objetivo no aparece expresamente mencionado entre los fundamentos del decreto.
Los FAL se instrumentarán mediante fondos comunes de inversión abiertos y fideicomisos financieros. En ese esquema, los rescates pueden requerir la venta de activos para obtener liquidez, lo que expone a los instrumentos a eventuales fluctuaciones del mercado. Una situación de turbulencia política podría afectar las cotizaciones y obligar a vender inversiones en condiciones desfavorables.
Con el cronograma anterior, los fondos podían comenzar a utilizarse a partir de mediados de 2027, año en el que se elegirá al próximo presidente. El calendario electoral prevé los comicios presidenciales para el 24 de octubre de 2027, un eventual balotaje hasta el 23 de noviembre y la asunción del nuevo mandatario el 10 de diciembre.
El nuevo esquema modifica ese escenario al extender de seis a doce períodos mensuales el plazo de carencia y trasladar la entrada en vigencia al 1° de diciembre de 2026. De esta manera, la primera integración de aportes se registraría en enero de 2027, entre el 11 y el 13 de ese mes, según la terminación de la CUIT del empleador.
Como el período de carencia comienza a computarse desde el mes de esa primera integración, los doce períodos se completarían en enero de 2028. Por lo tanto, el plazo se extendería más allá de las elecciones presidenciales, de un eventual balotaje y de la asunción del próximo gobierno.
Aunque el decreto no menciona expresamente las implicancias electorales de este cambio, el nuevo calendario permitiría que los fondos acumulen doce meses de contribuciones antes de afrontar eventuales ventas de activos. Se trata de una consecuencia del esquema establecido, sin que pueda afirmarse que haya sido el motivo que llevó al Gobierno a modificar los plazos.
