La reducción se registró entre junio y diciembre de 2025 y afectó a 209.319 personas, según el Observatorio Denaria, que utiliza información del Banco Central (BCRA) sobre la distribución territorial de los servicios financieros. Entre las localidades alcanzadas figuran San Roque, en Mendoza, con 10.199 habitantes; Villa Borjas-La Chimbera, en San Juan, con 6.850; y Barrio San Esteban-Los Pozos, en la provincia de Buenos Aires, con 8.449.
El problema tiene un alcance mayor: al cruzar los datos georreferenciados del BCRA con el Censo 2022, el Observatorio identificó que, a febrero de 2026, 2.420 de las 4.019 localidades censales del país no tenían ningún punto para retirar efectivo dentro de sus límites. La cifra representa aproximadamente el 60% del total.
El Informe de Inclusión Financiera del Banco Central señaló que, en diciembre de 2025, el sistema contaba con 42.380 puntos de acceso a servicios financieros. Esa red alcanzaba al 43% de las localidades y al 93,8% de la población adulta. El organismo también advirtió que las entidades estaban reorientando su presencia física hacia espacios dedicados a la comercialización de productos de mayor valor agregado.
Entre junio y diciembre de 2025, los puntos de acceso pasaron de 53.891 a 42.380, una caída del 20,9%. Según los datos del BCRA, el 92% de la reducción correspondió a agencias complementarias que ofrecían servicios financieros en comercios de barrio, farmacias y locutorios. Estos establecimientos disminuyeron de 21.430 a 10.813 en apenas seis meses.
Desde Denaria advirtieron que estos puntos suelen tener menores costos de apertura y cierre que las sucursales bancarias y permiten llegar a zonas donde no existe infraestructura financiera tradicional. En el mismo período, los cajeros automáticos disminuyeron un 1,3%, las terminales de autoservicio un 9,6% y las sucursales bancarias un 6,3%.
La organización sostuvo que la reducción de estos establecimientos evidencia la fragilidad de una red que depende de decisiones comerciales privadas y que puede perder cobertura territorial en períodos breves.
La distancia hasta el punto de acceso más cercano constituye otro obstáculo. El relevamiento identificó 1.010 localidades situadas a 15 kilómetros o más de un punto de extracción, con un total de 793.420 habitantes. En 118 de esas localidades, la distancia supera los 50 kilómetros.
La situación se agrava en otras 980 localidades donde, además de la falta de acceso cercano al efectivo, menos de la mitad de los hogares tiene conexión a Internet. Allí viven 562.690 personas. Según Denaria, 43 de las 148 localidades que perdieron sus puntos de acceso durante el último semestre presentan ambas dificultades, una situación que afecta a 51.170 habitantes.
La organización cuestionó que la falta de cajeros y otros puntos de extracción se traduzca en una mayor dependencia de las billeteras virtuales, especialmente en lugares donde la conectividad es limitada. En esos casos, la ausencia de efectivo y de acceso digital puede reducir las alternativas disponibles para realizar pagos y operaciones cotidianas.
El retroceso de la infraestructura física ocurre mientras crecen los pagos electrónicos. En julio de 2026 se registraron 41 millones de extracciones en cajeros automáticos, un 28,3% menos que en el mismo mes del año anterior. Fue el segundo registro más bajo de la serie histórica, después del mínimo alcanzado en abril.
En contraste, los pagos mediante transferencias llegaron a 897,3 millones de operaciones, con un crecimiento interanual del 24,8%. De acuerdo con los datos citados en el relevamiento, por cada extracción en un cajero se realizaron 21,8 pagos mediante transferencia. En enero de 2017, la relación era de 12 extracciones por cada pago de este tipo.
También cayó la cantidad de efectivo en circulación. Según el indicador Pulso del Circulante, elaborado por el Observatorio Denaria, en agosto el dinero en manos del público se encontraba un 58% por debajo del nivel de enero de 2017. A su vez, la cantidad de billetes en circulación disminuyó un 25,6% interanual, hasta alcanzar los 5.776,8 millones de unidades.
Denaria señaló además que, si bien la Ley 27.253 establece la obligación de aceptar pagos con tarjeta de débito en determinados comercios, no existe una regulación general específica sobre el uso del efectivo en el país. La organización también advirtió sobre los cambios introducidos por la Ley 27.802, de marzo de 2026, respecto de las modalidades de pago de los salarios.
La entidad, fundada en España en 2021 y extendida posteriormente a Portugal, Chile y Argentina, sostiene que la reducción de los puntos de acceso puede dejar a parte de la población sin alternativas prácticas para disponer de dinero físico. Su planteo apunta a que la expansión de los pagos digitales no implique la desaparición de opciones para quienes dependen del efectivo.
