La convocatoria se produce después de la quiebra de Bioceres SA, la firma que dio origen al grupo argentino, y en medio de una denuncia judicial contra sus directivos por presuntas maniobras de lavado de activos.
Según la documentación distribuida a los accionistas, el directorio recomendó aprobar la liquidación y nombrar a Cassandra Ronaldson y Amiel Gottlieb, de Interpath (Cayman) Limited, como liquidadores voluntarios conjuntos. La asamblea se realizará de manera virtual el 20 de octubre a las 9, hora del este de Estados Unidos.
Los accionistas también deberán resolver cómo se conservarán los libros y registros de la sociedad durante los cinco años posteriores a la disolución y autorizar su posterior destrucción. Además, se propone permitir el aplazamiento de la reunión si no se reúnen suficientes votos para avanzar con la decisión.
La convocatoria y la recomendación del directorio no implican que la liquidación ya haya sido aprobada: la decisión final corresponde a los accionistas. Moolec Science cotiza en el Nasdaq bajo el símbolo MLEC y, según los datos informados en la convocatoria, su acción registró una cotización de US$1,65, con una caída del 8,33% respecto del cierre anterior.
La compañía pasó a controlar indirectamente Bioceres SA en junio de 2025, tras una reorganización societaria que incluyó un canje de acciones. Los accionistas de Bioceres Group intercambiaron sus participaciones por acciones de Moolec, que pasó a ser propietaria de la totalidad de esa sociedad. Como Bioceres Group tenía el 89,93% de Bioceres SA, la operación colocó a la firma argentina bajo el control indirecto de Moolec.
Una fuente consultada señaló que la situación tiene consecuencias para los socios fundadores de Bioceres SA, empresa creada en 2001 por productores argentinos. Según su interpretación, esos accionistas habrían perdido el total de su inversión tras la operación que los vinculó con Moolec. Sin embargo, la convocatoria no cuantifica las pérdidas ni precisa si podría quedar algún remanente para los accionistas luego de la liquidación.
La misma fuente consideró que el eventual cierre de Moolec no tendría un efecto directo sobre Bioceres Crop Solutions, que cotiza en bolsa bajo el símbolo BIOX.
En marzo, representantes de la ex Bioceres SA sostuvieron que, después de la quiebra, Moolec había dejado de ser su controlante y que la crisis financiera era anterior a la fusión. También atribuyeron la solicitud de quiebra al nuevo directorio, que asumió en diciembre de 2025 bajo la conducción del empresario uruguayo Juan Sartori.
Antes de esta convocatoria, Moolec había informado un portafolio de inversiones superior a US$160 millones en los sectores de semillas, ingredientes y biotecnología, con operaciones en Argentina, Estados Unidos y Europa. Entre sus participaciones figuraban empresas dedicadas a la producción y el acondicionamiento de semillas, la elaboración de proteínas vegetales y el desarrollo de cultivos capaces de producir proteínas de origen animal, además de proyectos de fermentación de precisión.
Uno de sus desarrollos más conocidos fue Piggy Sooy, una variedad de soja modificada para producir proteína porcina. En abril de 2024, la compañía anunció que había recibido la aprobación del Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS), dependiente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En ese momento, informó que había logrado una proporción de proteína porcina de hasta el 26,6% del total de proteína soluble de las semillas, cuatro veces por encima de las proyecciones iniciales.
La convocatoria también se conoce en el contexto de acciones judiciales contra directivos de Bioceres SA. El empresario rosarino Sergio Airoldi, socio gerente de AIR SRL, presentó una denuncia ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, con el patrocinio de los abogados Froilán Ravena y Renzo Biga.
Según la presentación, entre abril y julio de 2024, AIR SRL invirtió US$2 millones en pagarés bursátiles emitidos por Bioceres SA en el Mercado Argentino de Valores. La empresa habría recuperado US$250.000 en un primer vencimiento, por lo que quedó un saldo impago de US$1,75 millones.
La denuncia busca determinar si existió un ocultamiento de la situación financiera de Bioceres SA y un eventual desvío de fondos hacia otras compañías del grupo. Las acusaciones deberán ser evaluadas en el ámbito judicial y no implican, por sí mismas, que se hayan comprobado irregularidades.
