Los tiempos responden a los cronogramas de cada desarrollo, que requieren garantizar el financiamiento antes de ingresar en las etapas de construcción más intensivas. Pero también existe un componente financiero: la llegada de un año electoral podría incrementar la percepción de riesgo sobre la Argentina, elevar las tasas de interés y reducir la cantidad de inversores dispuestos a comprometer fondos durante períodos prolongados.
En este escenario, las compañías buscan cerrar la mayor cantidad posible de operaciones antes de 2027. Entre los principales proyectos se encuentran el gasoducto de Southern Energy, que abastecerá a los buques de licuefacción del primer desarrollo destinado a que la Argentina vuelva a exportar gas natural licuado (GNL); el proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto con socios internacionales; la planta de urea que Pampa Energía proyecta en Bahía Blanca y la ampliación del Gasoducto Perito Moreno que contempla TGS.
El proyecto de mayor magnitud es Argentina LNG. YPF, Eni y XRG avanzan en la estructuración de un financiamiento de entre US$14.000 millones y US$16.000 millones para desarrollar una iniciativa que contempla integrar la producción de gas de Vaca Muerta, su transporte hacia Río Negro y el proceso de licuefacción para exportarlo.
La estructura financiera está siendo analizada con participación de bancos internacionales y agencias de crédito a la exportación. El objetivo es completar el esquema antes de fin de año, cuando está prevista la decisión final de inversión.
Entre las instituciones consideradas para participar se encuentra SACE, la agencia italiana de crédito a la exportación. La presencia de Eni y la posibilidad de contratar proveedores de ese país favorecen su participación. También se mantienen contactos con organismos de otras naciones vinculados con la provisión de equipamiento, ingeniería y potenciales compradores de GNL.
Las agencias de crédito a la exportación, conocidas como ECA, pueden otorgar préstamos, seguros o garantías destinados a facilitar la participación de bancos comerciales. Su intervención suele estar relacionada con la contratación de proveedores y equipos provenientes de sus respectivos países, lo que permite reducir riesgos, ampliar plazos y aumentar los montos disponibles.
Otro de los proyectos que ya logró estructurar su financiamiento es el de Southern Energy. El consorcio está integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, y finalizó el esquema financiero para construir el gasoducto que conectará Vaca Muerta con los buques de licuefacción que operarán frente a las costas de Río Negro.
La inversión total prevista para esta obra ronda los US$1.300 millones. De ese monto, aproximadamente US$900 millones serán financiados mediante un esquema de project finance, mientras que el resto será aportado por los socios.
La operación fue estructurada con participación de distintas entidades financieras y contempla además a otros bancos. A diferencia de un crédito corporativo tradicional, el repago estará basado principalmente en los ingresos futuros que genere el proyecto.
El financiamiento permitirá construir un gasoducto de 478 kilómetros destinado a transportar el gas hasta los buques de licuefacción. Hasta que la nueva infraestructura entre en funcionamiento, el consorcio utilizará la capacidad disponible del Gasoducto San Martín.
El esquema toma como antecedente el financiamiento obtenido por Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que llevará petróleo desde Neuquén hasta la terminal de exportación de Punta Colorada, en Río Negro. En 2025, ese proyecto consiguió un préstamo sindicado de US$2.000 millones, equivalente a aproximadamente el 70% de la inversión total. El 30% restante será aportado por sus socios.
VMOS está integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron Argentina, Shell Argentina y Tecpetrol, además de Gas y Petróleo del Neuquén (GPyN). El crédito fue encabezado por entidades financieras internacionales y contó con el respaldo de 14 bancos e inversores institucionales.
Este antecedente permitió consolidar el uso del project finance para grandes obras energéticas en la Argentina y también puso de manifiesto la participación recurrente de un grupo reducido de entidades financieras en las operaciones de mayor volumen.
Pampa Energía, en tanto, continúa buscando financiamiento por hasta US$1.600 millones para construir su planta de urea granulada en Bahía Blanca. El proyecto demandará una inversión total de US$2.700 millones, fue incorporado al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y tendrá una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas anuales.
La compañía inició conversaciones con organismos multilaterales para estructurar un financiamiento mediante préstamos A/B. Este mecanismo permite que las instituciones participantes aporten una parte del crédito y contribuyan a movilizar recursos adicionales de bancos privados.
Las negociaciones, sin embargo, avanzan a un ritmo más lento del previsto. Por ese motivo, la empresa también analiza la posibilidad de recurrir directamente a bancos comerciales para obtener los recursos necesarios.
El cuarto gran proyecto corresponde a TGS, que contempla una inversión cercana a US$1.000 millones para ampliar la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta. La obra permitiría reducir importaciones, acompañar el crecimiento de la producción neuquina y aumentar el volumen de gas disponible para los principales centros de consumo. La estructura de financiamiento todavía se encuentra en definición.
La coincidencia temporal de estos proyectos genera una competencia adicional por el financiamiento. Varias de las operaciones recurren a un grupo similar de bancos y a un número limitado de entidades internacionales, por lo que las empresas no solo deben cumplir con sus propios cronogramas, sino también competir por la capacidad de análisis y los límites de exposición que las entidades financieras están dispuestas a asumir frente al riesgo argentino.
Las compañías tampoco dependerán exclusivamente de préstamos destinados directamente a cada proyecto. Una parte de las inversiones deberá ser cubierta con aportes de capital de los accionistas, quienes podrán utilizar recursos propios o recurrir a la emisión de obligaciones negociables (ON) en los mercados locales e internacionales.
De esta manera, las empresas también compiten por captar fondos de los mismos inversores que participan en el mercado de deuda corporativa argentina.
Las obligaciones negociables emitidas en el mercado local constituyen otra alternativa. La disponibilidad de dólares dentro del sistema financiero permite acceder a tasas competitivas, aunque los plazos suelen ser más reducidos que los requeridos por proyectos cuya construcción y recuperación de la inversión demandan varios años.
En los últimos meses, incluso algunas pequeñas y medianas empresas comenzaron a emitir pagarés denominados en dólares con rendimientos de entre 6% y 7% anual, una modalidad que hasta hace algunos años tenía una presencia mucho menor.
El desafío para las compañías consiste, entonces, en combinar distintas fuentes de financiamiento: bonos internacionales, obligaciones negociables locales, project finance, organismos multilaterales, agencias de crédito a la exportación y aportes de capital.
El antecedente más reciente también explica la urgencia por asegurar los fondos antes de 2027. Durante la campaña electoral de 2025, el mercado de obligaciones negociables no llegó a cerrarse por completo, pero su actividad se redujo de manera significativa y las emisiones se concentraron principalmente en dólares.
Según los datos citados, en septiembre de 2025 el monto colocado cayó hasta US$146 millones, el nivel más bajo desde el comienzo de la serie en enero de ese año. La actividad comenzó a recuperarse en octubre y tomó mayor impulso después de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.
En noviembre, tras un resultado electoral favorable para el Gobierno, las colocaciones de obligaciones negociables alcanzaron los US$3.140 millones. El comportamiento del mercado durante ese período se convirtió así en uno de los antecedentes que las empresas tienen en cuenta mientras buscan asegurar el financiamiento de los grandes proyectos vinculados con Vaca Muerta.
