Aunque el Gobierno de Javier Milei sostiene que no implementa políticas activas para impulsar sectores específicos de la economía, algunos instrumentos vigentes funcionan como mecanismos de promoción para empresas. Entre ellos se encuentran el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y distintos beneficios destinados a pequeñas y medianas empresas vinculados con la inversión, la formalización laboral y la reducción de costos.
Un informe elaborado por una consultora especializada en contabilidad y asesoramiento empresarial señala que las pymes de hasta 40 empleados podrían alcanzar ahorros anuales de hasta $160 millones en costos laborales mediante estos esquemas.
Sin embargo, el análisis advierte que muchas pequeñas y medianas empresas atraviesan actualmente una etapa defensiva, marcada por la caída de la demanda y la mayor competencia externa, por lo que gran parte de ellas prioriza sostener su actividad antes que avanzar con planes de expansión.
El estudio destaca que los beneficios pueden resultar especialmente relevantes para compañías que buscan integrarse a sectores con mayor dinamismo, como energía y minería. Según las estimaciones, la aplicación de estos mecanismos permitiría una reducción estructural de los costos laborales totales cercana al 10% para las pymes y del 11,5% para las grandes empresas.
Para una remuneración bruta mensual de $2 millones, el ahorro estimado alcanza los $260.000 por trabajador cada mes, equivalente a unos $3,38 millones anuales. En una empresa con 10 empleados, el beneficio acumulado llegaría a $34 millones por año, mientras que durante los 48 meses de vigencia del régimen una pyme podría obtener un ahorro cercano a $135,2 millones. En el caso de una empresa de mayor escala, el beneficio podría ascender hasta $160 millones.
El informe también analiza el impacto de los incentivos a la inversión bajo un escenario conservador, sin considerar aumentos de ventas ni modificaciones cambiarias. Para una microempresa de servicios con una facturación anual cercana al límite establecido y una inversión mínima de US$150.000 en maquinaria, la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias permitiría reducir el pago del tributo en un monto equivalente al 14% de la inversión durante los primeros ejercicios fiscales.
Además, el mecanismo de recuperación del IVA permitiría recuperar una parte significativa del impuesto abonado por la compra de bienes de capital, generando una mejora inmediata en la liquidez de la empresa.
Otro de los instrumentos analizados es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que plantea reemplazar el esquema tradicional de pasivos laborales por un fondo obligatorio destinado a cubrir futuras contingencias indemnizatorias.
Según las proyecciones del estudio, con salarios promedio de $2 millones, una actualización mensual de los haberes del 2% y un rendimiento del fondo del 1% mensual, una pyme con 40 empleados podría acumular en un año un respaldo equivalente a 11,2 salarios promedio. Esto permitiría cubrir una indemnización correspondiente a un trabajador con 11 años de antigüedad o las obligaciones asociadas a 11 empleados con un año de permanencia.
Para una empresa con 1.000 trabajadores, el fondo acumulado alcanzaría un respaldo equivalente a 114 salarios promedio, suficiente para cubrir distintas combinaciones de contingencias laborales.
El análisis plantea el caso de una pyme de 40 empleados con salarios brutos de $2 millones que incorpora trabajadores formalizados, realiza una inversión en maquinaria por US$150.000 y aporta mensualmente al fondo laboral un porcentaje de su masa salarial.
Según las estimaciones, durante el primer año la empresa podría obtener un ahorro de $13,52 millones por los beneficios vinculados a la regularización laboral. A esto se sumarían unos US$21.000 por amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias y aproximadamente US$12.300 por recuperación de IVA.
Además, mediante el fondo laboral, la compañía acumularía alrededor de $24 millones, más los rendimientos generados por la inversión, equivalente a una cobertura de aproximadamente 11,2 salarios promedio para afrontar eventuales obligaciones indemnizatorias.
