Por orden del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi, Piccirillo cumplió con la requisitoria judicial y entregó su teléfono celular, que fue incautado para realizar peritajes. La investigación busca esclarecer supuestas amenazas denunciadas por Francisco Hauque, quien afirma haberlas recibido desde la línea de su exsocio.
Piccirillo y Hauque están envueltos en un entramado de presuntas extorsiones cruzadas desde su desacuerdo por una supuesta deuda derivada de las maniobras de la época del cepo cambiario.
El punto culminante de esta disputa se dio cuando la Justicia comprobó que Piccirillo había colocado drogas en el automóvil de Hauque y había organizado un operativo policial para que lo detuvieran. Sin embargo, los mismos agentes que recibieron pago por esa operación engañosa confesaron, lo que llevó a la detención de Piccirillo.
Lo curioso es que el departamento de Piccirillo en Banfield ya había sido allanado menos de 48 horas antes, en busca de documentos relacionados con su teléfono.
Este segundo allanamiento fue una respuesta del juez Luis Armella ante la difusión de videos de Cirio que mostraban grandes sumas de dinero en bolsas Ziploc y valijas en el vestidor de su anterior esposo, Martín Insaurralde, en la mansión que compartían en el country Fincas de San Vicente.
Armella investiga a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito desde el estallido del escándalo del yategate, relacionado con un viaje a Marbella junto a la influencer y modelo Sofía Clerici, lo que lo obligó a renunciar a su cargo como jefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof y a abandonar una candidatura como concejal. En ese contexto, las dos mujeres, incluido el exintendente de Lomas de Zamora, son objeto de indagación.
Insaurralde, parte del nuevo peronismo propuesto por Cristina Kirchner y su hijo Máximo en la interna provincial, aún no ha sido citado por la Justicia y solo ha sido allanado una vez en 2023. Por su parte, Cirio también fue objeto de un allanamiento recientemente, donde tuvo que entregar su teléfono, y afirmó que los videos grabados fueron sustraídos y difundidos sin su consentimiento, mencionando una denuncia anterior por extorsión relacionada que fue cerrada.
Sin embargo, un testigo, Diego Suárez, ya había mencionado la existencia de esos videos y fue convocado a declarar antes de que se hicieran públicos. Suárez, conocido por renunciar en vivo en un programa de televisión, afirmó que Piccirillo le mostró los videos en cuestión.
“Le secuestraron el teléfono, aportó la clave y se fueron. No van a encontrar nada”, comentó Gastón Francone, abogado de Piccirillo, anticipando los resultados de este segundo procedimiento.
