Estas determinaciones representan un golpe significativo para el veterano dirigente, dado que la certificación de autoridades se considera esencial para la negociación de paritarias en la actividad. En el contexto de la reciente reforma laboral impulsada por el Gobierno, esto también dificulta la renegociación del convenio colectivo de los trabajadores gastronómicos, especialmente tras el fin de la ultraactividad.
El clima interno es tenso, y los miembros del gremio temen que esta situación pueda llevar a un desenlace similar al que provocó la intervención del sindicato metalúrgico UOM, que atravesó una grave crisis institucional. En ese caso, la Justicia también invalidó la elección interna en la que Abel Furlán fue reelegido, designando a un interventor.
Dentro del sindicato gastronómico, se expresa la preocupación de que una prolongada falta de reconocimiento de las nuevas autoridades pueda resultar en la designación de un interventor. “Si no se resuelve pronto, podríamos estar repitiendo lo que ocurrió en la UOM”, comentó un representante del gremio. De manera tentativa, allegados a Barrionuevo minimizaron el impacto de la decisión de Grisolía, señalando que un fallo de la sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo reconoce el mandato de otros dos miembros electos de la conducción y sugiere una cierta “animosidad” de las autoridades laborales hacia el sindicato. “Hay una clara intencionalidad detrás de esto”, afirmaron.
El conflicto en el gremio es fruto de la larga disputa entre Barrionuevo y su ex cuñado, Dante Camaño, quien lidera la seccional porteña de UTHGRA, la más numerosa del sindicato. La intervención de la Secretaría de Trabajo se produjo tras una denuncia de Camaño, que argumentó que su lista (Lista Gris Naranja) fue excluida irregularmente de las elecciones de diciembre, solicitando la nulidad de los comicios que ratificaron a Barrionuevo, en el poder durante más de cuatro décadas.
Adicionalmente, la tensión entre los ex cuñados se ha intensificado también por la gestión de los fondos millonarios que se obtienen de las contribuciones de los afiliados. Camaño denunció a Barrionuevo por administración fraudulenta y asociación ilícita, a raíz de una supuesta irregularidad en las cuentas de la seccional porteña, que habría generado un faltante de más de 60 millones de dólares durante el tiempo en que estuvo administrada por un interventor designado por Barrionuevo.
La situación también afecta la obra social del gremio, que enfrenta investigaciones judiciales por denuncias de afiliados sobre un posible hackeo masivo en sus sistemas, lo que interrumpió los servicios de salud durante varias semanas. Recientemente, el Cuerpo de Investigación Judicial de la Ciudad detectó numerosas vulnerabilidades en la infraestructura de seguridad informática de la sede central de UTHGRA, que habrían persistido durante un lapso de entre seis y siete años.
