La decisión modifica los criterios para acceder al cupo de compras locales y representa un cambio en las condiciones de participación de la industria argentina en los proyectos alcanzados por el régimen. También va en sentido contrario a uno de los pedidos que la Unión Industrial Argentina (UIA) había planteado al Gobierno para respaldar a los fabricantes nacionales.
El decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, permite que las empresas extranjeras sean consideradas proveedoras locales dentro del RIGI. De esta manera, las compañías constituidas y domiciliadas en la Argentina podrán integrar el porcentaje mínimo del 20% de compras locales, independientemente del origen de sus accionistas.
La medida forma parte de una serie de modificaciones introducidas por la administración de La Libertad Avanza (LLA) en los criterios reglamentarios del régimen establecido por la Ley de Bases (27.742).
La normativa original establece que los proyectos adheridos al RIGI deben comprometerse a contratar proveedores locales por un monto mínimo equivalente al 20% de la inversión destinada a la adquisición de bienes y obras, siempre que exista oferta disponible con precios y calidad competitivos.
Con la nueva regulación, se modifica la definición de proveedor local. El requisito anterior, que combinaba la radicación en el país con el control societario nacional, fue reemplazado por la condición de tener domicilio en la Argentina. Así, cualquier empresa constituida y domiciliada en el territorio nacional podrá ser considerada proveedora local.
La flexibilización implica que una compañía de capital extranjero constituida en el país, por ejemplo, una fabricante de equipamiento para proyectos mineros, podrá computar sus ventas dentro del cupo del 20% de compras locales, aunque la totalidad de sus accionistas sean extranjeros.
En consecuencia, el porcentaje previsto por el RIGI ya no garantiza que las contrataciones favorezcan prioritariamente a empresas controladas por capitales argentinos. El cambio podría repercutir en la participación de la industria nacional y de las pequeñas y medianas empresas en los proyectos de inversión.
La decisión también se aparta de uno de los planteos que la UIA había presentado ante la Casa Rosada: ampliar al 20% el compre nacional de bienes industriales y asegurar que ese porcentaje se destinara a productos con valor agregado local.
En junio pasado, la entidad fabril formuló ese pedido de manera expresa en un comunicado. “Si Argentina necesita regímenes de excepción para atraer inversiones, el desafío de fondo sigue siendo mejorar las condiciones bajo las que opera el conjunto de la industria”, expresó la cúpula del organismo.
En el mismo documento, la UIA propuso replicar “el porcentaje mínimo de inversión obligatorio del 20 por ciento del RIGI con aplicación exclusiva para bienes con valor agregado local, de modo de priorizar a los proveedores de bienes transables, y sin diluirlo en aquellos que de todos modos serán contratados localmente”.










