La medida busca transparentar las condiciones de acceso a las vías y mejorar la eficiencia logística del sector productivo. Para ello, precisa las obligaciones de los administradores de infraestructura y los derechos de las empresas prestadoras del servicio.
Según la normativa, el Administrador de Infraestructura Ferroviaria deberá garantizar el acceso a todos los operadores que cumplan con los requisitos técnicos y legales vigentes. Las solicitudes deberán resolverse en un plazo máximo de 30 días hábiles, mientras que los eventuales rechazos solo podrán fundamentarse en impedimentos técnicos objetivos o incumplimientos de la normativa.
Además, la resolución prohíbe expresamente las prácticas comerciales que discriminen a determinados operadores en el acceso a la red, así como las medidas operativas que restrinjan indebidamente la circulación de sus formaciones.
Por su parte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) tendrá a su cargo el diseño y la propuesta de las pautas para establecer un régimen de sanciones ante posibles incumplimientos del reglamento.
Las disposiciones entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.










